El oficialismo cedió ante la presión de aliados y el proyecto obtuvo dictamen. No podrán ingresar al régimen quienes hayan ejercido cargos públicos en los últimos cinco años. “Toto” Caputo, más cerca de conseguir los “dólares del colchón”.
El caso Adorni se metió en el debate por la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal y el oficialismo tuvo que ceder para lograr el dictamen favorable. Los aliados solo estaban dispuestos a acompañar si se introducían algunos cambios clave, y eso fue lo que sucedió. El texto final propone la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones del nuevo régimen, algo que no estaba previsto en la versión original. Lo que significa que quienes estén cumpliendo funciones públicas no podrán gozar de los beneficios del régimen. Para la oposición, aun con cambios, la iniciativa del gobierno de Javier Milei “traerá más evasión y más elusión”. Se espera que en la próxima sesión se debata el tema en el recinto junto al proyecto que modifica la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que también logró dictamen. Además, otros dos proyectos llegarán al hemiciclo de Diputados; el que establece una reducción impositiva para la fécula de mandioca —que busca mejorar la calidad de vida de las personas con intolerancia al gluten— y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur.
El proyecto de inocencia fiscal, que viene a modificar una ley que el propio oficialismo impulsó en el mes de diciembre del año pasado tiene el objetivo de “eliminar la presunción automática de culpabilidad fiscal y dar seguridad jurídica” para que los ciudadanos reinserten sus dólares y ahorros informales (“del colchón”) al sistema financiero sin tener que explicar su origen. La principal crítica de la oposición a este punto es que beneficiará “a los principales evasores, a los narcotraficantes y a los corruptos como Adorni y Estpert”.
Entre los cambios que tuvo que introducir el bloque de la Libertad Avanza para lograr las firmas necesarias para el dictamen, sobresale el punto que propone la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal, algo que no estaba previsto en la iniciativa original. Los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, pero bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante. Esta modificación se hizo a pedido de los bloques aliados a la Libertad Avanza (LLA).
Al respecto, la diputada cordobesa, Laura Rodríguez Machado detalló que “los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, señaló sobre el texto corregido.
El dictamen del oficialismo obtuvo 44 firmas: 32 de LLA, 1 del MID, 4 del PRO, 2 de la UCR, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo, y 1 -en disidencia- de Provincias Unidas.
Críticas de la oposición
Los principales cuestionamientos, en el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, del arco opositor giraron en torno a la posibilidad de que los evasores hagan uso del beneficio que plantea la nueva norma. En este sentido, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, recordó que la ley de Inocencia Fiscal 1, “fue sancionada en la madrugada de una sesión, en diciembre pasado, cuando se estaba debatiendo el presupuesto. Y fue la ley impulsada por (José Luis) Espert, y fue en la que ingresó el propio Espert, fue en la que ingresó Adorni, y que le dio enormes beneficios a todos los evasores, incluidos funcionarios. También ingresó (Federico) Sturzenegger” por lo que sostuvo que “es una ley hecha para ellos mismos y los evasores”.
A su vez, Del Caño preguntó acerca de “cómo se va a regularizar la situación de elusión y evasión en la Argentina, que es muy alta, si se premia a los evasores con moratorias, blanqueos, y regímenes como este”.
El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, fue otro de los que también cuestionó esta nueva modificación al marcar: “Si esta ley no da resultado, ¿qué van a hacer? ¿Sacar la ley de inocencia fiscal 3?”. En tanto, criticó que el proyecto esté destinado a favorecer a los grandes contribuyentes. “Todo para los grandes, nada para la pequeña y mediana empresa”.
Respecto a las modificaciones que se realizan sobre la declaración jurada de ganancias, el diputado bonaerense y ex titular de la AFIP, manifestó preocupación porque “la presunción de exactitud de la declaración jurada de ganancias, eso hace que arca tenga más fiscalización, y tenga más poder. Al contrario. Va a haber más evasión y más elusión”.
Expositores
Del plenario de comisiones también participaron el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Ignacio Simonella, y Oscar Fernández, coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de la misma entidad, quien hizo un resumen desde el punto de vista técnico. Además, expuso el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez.
Este último dio detalles de la informalidad de la economía argentina que llega aproximadamente a un 48% de actividad informal, por lo que aseguró que “requiere un abordaje especializado y que pretende tratarse a través de esta reforma”.
“Hay un gran volumen de efectivo que las personas tienen en su poder y circulan dentro de un circuito económico que está por fuera de los canales formales y legales, y que no tiene que ver con una cuestión ilícita, sino con el mecanismo por el que, durante años, por las dificultades macroeconómicas, las personas han empleado para proteger sus ahorros”.
“Cuando este dinero se mueve, está exento de todos los controles, e implica que cuando este sistema se vincula con la economía formal, es donde realmente se complica el funcionamiento del sistema de prevención. Si casi la mitad de la economía del país es informal, los controles que podemos esperar tienden a encontrar serias limitaciones para un funcionamiento efectivo”, expresó el funcionario.
Álvarez agregó que “si uno quiere insertar el dinero proveniente de delitos dentro del sistema financiero, lo mejor es hacerlo dentro de un sistema que habilita el uso de efectivo y mecanismos no regularizados”.
Página/12