El Gobierno publicó en la medianoche un decreto que pretende prohibir el ingreso al país y expulsar a quienes considere responsables de la difusión de “mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino”.
El Gobierno publicó en la medianoche del miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para expulsar o prohibir el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”. La nueva medida de corte trumpista fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en supuesta respuesta “a las recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país.
“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el comunicado oficial.
Y remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales. El mandatario aprovechó esa supuesta hostilidad para hablar de una “campaña antiargentina” por la que intentó acusar, sin ninguna prueba, al gobierno de Brasil, al de México y al Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Milei contra los migrantes
El Presidente ya había firmado un DNU de inspiración trumpista y antimigratorio, que fue judicializado. La Corte Suprema tiene pendiente resolver la suerte del DNU 366/2025, que fue declarado inconstitcional y nulo por la Cámara Electoral.
El decreto complicaba el acceso a los extranjeros a la ciudadanía argentina, imponía requisitos adicionales y arancelamiento para acceder a la salud y la educación y le sacaba al Poder Judicial las decisiones sobre naturalizaciones.
Los camaristas Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía declararon nulo el DNU 366 al sostener que era inconstitucional porque legislaba alterando leyes (la de Migraciones y la de Ciudadanía), no fundamentaba la necesidad y la urgencia, y versaba sobre una de las materias prohibidas por la Constitución Nacional para los DNU, que es la electoral. Explicaron que el otorgamiento de la ciudadanía “es condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos”, y que el Gobierno había mezclado la cuestión migratoria con el trámite de la nacionalidad.
El Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migraciones y la Procuración del Tesoro presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se revoque ese fallo.
El ICE de Milei
Hace poco más de un mes, el mandatario se despachó con otro decreto con un espíritu similar: lanzó el Programa de Seguridad Migratoria que habilita a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden.
El decreto dispuso la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esas unidades trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”.
Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución.
Página/12