De esta manera, Javier Milei avanzó con una nueva tanda de recortes en el Estado y dio de baja al menos diez programas sociales y culturales que habían sido creados en administraciones anteriores. A través de 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, justificó la eliminación al argumentar que estas iniciativas “no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros”. Según la cartera, la decisión busca “lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos”.
Entre los programas eliminados se encuentra el “Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad”, creado en 2020 para abordar las necesidades locales. La Resolución 143/2025, firmada por Juan Bautista Ordoñez, argumentó que la iniciativa no se alineaba con las funciones actuales del ministerio y que su continuidad no era viable dentro de la nueva estructura administrativa. También se dio de baja el “Programa Centro de Promoción de Derechos”, que había sido establecido en 2017 con el fin de fortalecer la asistencia social a sectores vulnerables.
Otras resoluciones afectaron proyectos vinculados a la cultura y el esparcimiento infantil, como el “Programa Espacio Unzué” (2015), el “Programa Institucional Sarmiento” (2017) y el “Espacio Crescencia Boado de Garrigós” (2019), que promovían actividades recreativas y deportivas para niños y adolescentes. Además, se desmanteló el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos” (2018), que buscaba fomentar la convivencia familiar y la asistencia a niños en situación de vulnerabilidad.
El Ejecutivo también disolvió el “Proyecto Institucional Colonia Gutiérrez e Instituto Manuel Lucio y María Cruz Inchausti” (2015) y el “Programa Construimos Ciudadanía”, que había nacido en 2018 con el objetivo de generar espacios de integración juvenil. Asimismo, quedaron sin efecto el “Programa Nacional de Derecho al Juego – Jugar”, diseñado en 2020 para garantizar el acceso de la infancia a actividades recreativas, y el “Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Sociocomunitarias” (2002).
Desde el Ministerio de Capital Humano justificaron la eliminación de estos programas asegurando que la medida permitirá “suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas y modernizar el organismo”. En la misma línea, también se cancelaron la “Unidad Técnica Para el Abordaje Integral de Derechos”, la “Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral” y el “Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad”.
Finalmente, la “Línea Activar”, creada en 2023 para generar espacios de participación adolescente, y el “Consejo Consultivo de Adolescentes” también fueron dados de baja por “solapamiento normativo”. Con esta nueva ola de recortes, el Gobierno continúa con su plan de achicamiento del Estado, que ya incluyó la disolución de organismos como el INADI y la reducción drástica de ministerios.
Desde diciembre de 2023, la administración de Milei llevó adelante recortes masivos en el sector público, con la desvinculación de 30.000 empleados estatales y el cierre de diversas dependencias gubernamentales. Dentro del Ministerio de Capital Humano, los despidos alcanzaron a 2800 trabajadores, afectando especialmente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que ya había sido golpeada en marzo de 2024 con el cese de 3600 contratados.
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