El Ministerio Público Fiscal difundió un “acuerdo de 10 puntos” en el que el Procurador interino y fiscales federales de Comodoro Py advierten que se opondrán a implementar el Código Procesal Penal Federal en noviembre, a 10 años de su aprobación por el Congreso Nacional. Alegan falta de recursos, tiempo e infraestructura. Pero esa no es la verdadera razón.
Lo que está en juego es si Comodoro Py dejará de funcionar bajo un sistema procesal que, por su opacidad y la ausencia de plazos, permite que jueces y fiscales dilaten en el tiempo grandes causas de corrupción y criminalidad económica sin ningún tipo de control público ni consecuencias.
El nuevo sistema acusatorio, en cambio, establece audiencias orales y públicas, plazos máximos de duración (seis años para causas complejas) y mecanismos de rendición de cuentas para quienes deben investigar. Es esa transformación la que incomoda a quienes supieron hacer de la impunidad una herramienta de negociación con los poderes políticos y económicos.
En Comodoro Py, la lógica del pantano judicial sigue vigente en al menos 10 causas de altísimo impacto social que llevan años —incluso décadas— sin resolución, y que evidencian cuál es el statu quo que algunos fiscales se empeñan en sostener.
10 casos emblemáticos de alto impacto social sin respuesta
Todas estas causas (algunas con archivos parciales, pero con tramos aún abiertos) tramitan bajo las reglas del viejo sistema, y ninguna podrá pasar al nuevo, ya que el Código sólo se aplicará a causas iniciadas a partir de su implementación. Otras causas más recientes, como $LIBRA, también comienzan a evidenciar demoras innecesarias en su investigación. La persistencia de estas reglas de juego es la verdadera discusión.
¿Realmente faltan recursos?
No. Comodoro Py es, según datos del propio Ministerio Público, la jurisdicción federal con menor carga de trabajo por fiscal de todo el país. El informe “Radiografía de las Fiscalías de Comodoro Py”, elaborado por el INECIP en base a datos oficiales, muestra que:
● Capital Federal es la jurisdicción federal con menor proporción de casos anuales por cada fiscal disponible: hasta un 64% menos que otros del país.
● La relación entre casos y litigantes (fiscales y auxiliares fiscales) es una de las más bajas del continente: apenas 36 causas anuales por litigante.
● Según el propio informe anual del MPF, el sistema acusatorio “ha permitido abordar la investigación de casos de narcocriminalidad compleja con mayor agilidad y presteza” (PROCUNAR). Respecto a los recursos tecnológicos, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) señaló la necesidad de instruir a los fiscales “sobre el uso responsable de las herramientas informáticas a fin de optimizar los recursos humanos técnicos en los casos necesarios”.
Los 10 puntos firmados por el Procurador y los fiscales federales no aportan ninguna razón nueva. Muchos de los problemas que mencionan —las vacantes, la necesidad de cuerpos periciales propios o de una policía federal de investigación— existen hoy bajo el sistema actual, con resultados lapidarios:
● Apenas el 1% de las condenas dictadas en Comodoro Py corresponde a delitos de alto impacto social.
● El 99% de los casos ingresados no termina con una respuesta positiva.
Ante esta realidad, aún con los recursos disponibles, el sistema acusatorio ofrece mejores herramientas para optimizar su uso y enfocarlos en los casos más relevantes.
Esos recursos, además, pueden verse ampliados a través de otras medidas como el traspaso de personal y recursos tecnológicos desde el Poder Judicial hacia el MPF, o el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esa transferencia, a la que paradójicamente la Procuración se opone, no sólo es un mandato constitucional (art. 129, CN), sino que además permitiría reasignar a funciones federales al personal que hoy cumple tareas propias de una justicia federal.
La prórroga permanente
Los fiscales ahora advierten que no hay tiempo suficiente para implementar el Código Procesal Penal Federal en noviembre. Pero ese Código fue aprobado hace más de 10 años, y su implementación se reactivó formalmente hace casi dos años.
En todo ese tiempo, la Procuración omitió avanzar en la adecuación a través de decisiones que no requerían nuevos recursos, como la designación de fiscales coordinadores de distrito, la creación del Consejo de Fiscales, la reconversión de funcionarios en auxiliares fiscales o el diseño de una política de persecución penal.
De hecho, la Procuración sólo avanzó con reformas parciales en los distritos en donde entró en vigencia el Código. Es su propia inacción la que evidencia la necesidad de poner el Código en marcha como única forma posible de desencadenar los cambios institucionales necesarios para su funcionamiento, y no a la inversa.
No es una valoración, es un fallo judicial
Que algunos sectores del Ministerio Público Fiscal actúan sesgados por su animadversión al sistema acusatorio no es solo una interpretación política: ya hay una resolución judicial que lo confirma. En un fallo reciente, la Cámara Federal de Apelaciones decidió apartar al fiscal Carlos Stornelli de una causa seguida contra el Ministro de Justicia en la que se buscaba criminalizar la decisión de implementar el Código.
En un fallo sin precedentes, la Cámara afirmó que el fiscal usó el expediente como una “forma de canalizar los cuestionamientos propios nacidos de una posición personal e individual”, señalando incluso que, de ese modo, “uno de los instrumentos más potentes del Estado –la persecución penal— aparece puesto al servicio de una posición personal”.
Pese a que la Cámara notificó a la Procuración General por la evidente posibilidad de que esos hechos constituyan una causal de mal desempeño, no se inició ningún proceso disciplinario contra el fiscal.
Una oportunidad histórica
La implementación del sistema acusatorio no es un capricho ni una opción política. Es una obligación legal desde 2014 y un mandato constitucional desde 1853, como explicó la Corte Suprema en fallos como “Casal” y “Llerena”.
Lo paradójico es que, durante años, los fiscales federales argumentaron que el retraso en la implementación era culpa del poder político. Pero ahora que ese poder decidió avanzar, los fiscales levantan la voz para frenarlo. Es un fenómeno inédito en América Latina, donde los Ministerios Públicos han sido los principales impulsores del modelo acusatorio, por brindar mejores herramientas para reducir la impunidad.
La vigencia del sistema actual asegura una única certeza: opacidad, lentitud, ineficacia y arbitrariedad. Y es precisamente por eso que algunos se aferran a él.