Julio “Chocolate” Rigau se negó a declarar otra vez. El puntero del PJ fue trasladado esta mañana hasta la Fiscalía de Betina Lacki, que pretendía tomarle declaración indagatoria, pero se negó a contestar preguntas. Algo similar había hecho el 11 de septiembre, horas después de su detención en el Banco Provincia.
Pese a la negativa a declarar por recomendación de sus abogados defensores, la fiscal logró ampliarle la acusación a Rigau, que ahora está acusado de estafas reiteradas y asociación ilícita.
La causa está hace unos días en suspenso, mientras que se define un pedido de nulidad presentado por los abogados de Rigau. El recurso fue elevado a la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la misma que en su momento declaró la nulidad de manera irregular, pero dos de sus integrantes, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, se excusaron y fueron reemplazados por Miriam Patricia Ermili y Ernesto Julián Ferreira.
Hasta que la Cámara no resuelva, no habrá definiciones sobre los pedidos de detención que hizo la fiscal la semana pasada.
Atencio debe responder un pedido de detención del concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Entre los argumentos para pedir su arresto, la fiscal habría mencionado diálogos entre Albini hijo y “Chocolate”, que fueron encontrados en el celular del puntero.
Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su situación judicial podría sellar su futuro político.
La fiscal Lacki también pidió la detención de los 48 dueños de las tarjetas que tenía Rigau cuando fue detenido.
La batalla de fondo
La defensa de Rigau reclamó la nulidad de la causa desde el comienzo argumentando una supuesta falla en el procedimiento policial. Primero lo hicieron a través de un habeas corpus, salteando al juez y a la fiscal, y lograron que dos jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, en un fallo escandaloso, anulen la causa y permitan la liberación del puntero del PJ.
En disidencia, el juez Fernando Mateos había planteado que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.
El 12 de octubre, la Cámara de Casación bonaerense dejó sin efecto ese fallo y reactivó la investigación. Esa resolución cuestionaba en duros términos la decisión de dos camaristas. “La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto, según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza María Florencia Budiño, al que adhirió su colega Fernando Mancini.
A partir de ese momento, la defensa de Rigau volvió a insistir ante el juez Atencio, que rechazó el planteo y lo mandó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones.
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