China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los exportadores más importantes del país, por la supuesta presencia del antibiótico cloranfenicol, prohibido en el comercio internacional hace años.
El cierre del mercado chino a un frigorífico argentino y el rechazo de un cargamento de girasol en Europa confirmaron en los últimos días que el debilitamiento del Senasa iba a traer más de un dolor de cabeza para la conquista de nuevos mercados.
China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los exportadores más importantes del país, por la supuesta presencia del antibiótico cloranfenicol, prohibido en el comercio internacional hace años.
La medida de la aduana China obligó al organismo sanitario argentino y a la Cancillería a activar trámites diplomáticos de urgencia para intentar revertir la situación que puede complicar la relación comercial con uno de los principales mercados para las exportaciones argentinas.
Casi en simultáneo, la Unión Europea rechazó un embarque de girasol argentino por incumplimientos fitosanitarios, en línea con los estrictos estándares que aplica el bloque en materia de residuos químicos y trazabilidad.
Como reveló LPO, en el sector agroexportador ven con preocupación el proceso de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger, que incluyó la eliminación de herramientas clave de control y recortes presupuestarios que afectaron la operatividad del Senasa. “La sanidad agroalimentaria no es un trámite administrativo sino la condición básica para poder exportar”, dijo una fuente al tanto del vaciamiento.
Uno de los puntos más cuestionados fue la eliminación de mecanismos como el registro obligatorio de las empresas certificadoras que intervenían en los controles sanitarios, que permitía garantizar trazabilidad. Sin ese sistema, admiten fuentes técnicas, se vuelve más difícil determinar responsabilidades cuando un cargamento es rechazado en destino.
“El comercio exterior se sostiene en la confianza. Si no podés demostrar cómo certificaste un embarque, el problema deja de ser ese cargamento y pasa a ser todo el sistema”, resumió a LPO un especialista del sector.
El trasfondo es más delicado. Los mercados internacionales avanzan en sentido contrario a las desregulaciones argentinas. Europa endurece cada vez más sus exigencias sanitarias y ambientales, con límites estrictos a los residuos químicos y prohibiciones sobre sustancias como el malatión, considerado probablemente cancerígeno por la OMS.
En ese contexto, los controles no se limitan al producto final sino que abarcan toda la cadena logística que obliga a llevar una rigurosa trazabilidad de producción: desde los camiones que transportan granos hasta las bodegas de los buques, los contenedores y los análisis de laboratorio. Cualquier falla en ese recorrido puede terminar en un rechazo en puerto.
El problema es grande si se considera que sólo en el complejo portuario del Gran Rosario se concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos y subproductos, con picos de hasta 19 mil camiones diarios ingresando a las terminales portuarias. Un esquema de esa magnitud requiere controles sanitarios robustos y permanentes.
Por eso, en el sector advierten que los últimos episodios pueden ser una alerta temprana que luego se puede convertir en un problema mayor. Un rechazo en Europa o una suspensión en China no sólo afecta una operación puntual, sino que puede derivar en controles reforzados para todos los envíos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.
A ello, se suma la poca muñeca para las relaciones internacionales que caracterizan al gobierno de Milei que prioriza una ideologización extrema para las relaciones exteriores y que la flexibilización en los controles puede ser la excusa perfecta de los países importadores para cerrar el ingreso de los productos argentinos.
En paralelo, crece la presión para que el Senasa informe qué falló en los casos recientes y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos rechazos. La preocupación ya no es sólo comercial sino también institucional: la sanidad agroalimentaria es, por ley, una responsabilidad indelegable del Estado, mal que le pese a Hayek, Rothbard o Huerta de Soto.
Sin embargo, la flexibilización de los controles no solo es una cuestión del comercio exterior. En Rosario detectaron niveles excesivos de agroquímicos en frutas y verduras, lo que encendió alertas también en el mercado interno y reforzó la preocupación por los controles sanitarios a lo largo de toda la cadena.
LPO