Luego de que la administración nacional del PAMI recibiera un revés judicial, tras el reciente fallo de la Cámara Federal de Mendoza en el cual se reconoció al Juzgado Federal Nº2 de Mendoza (a cargo del juez Pablo Quirós) como el tribunal competente para atender los amparos colectivos impulsados con el objetivo de dejar sin efecto las medidas de restricción dispuestas en diciembre de 2024, el diputado nacional Carlos Cisneros denunció penalmente al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por presunta “desobediencia judicial” y al juez Patricio Marianello, a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5 de Capital Federal, por posible “prevaricato”.
Los abogados que impulsan las denuncias, Patricia Neme y Juan Andrés Robles, apoderados del legislador y representantes de la Red de Consumidores y Usuarios (Redecu), denunciaron ante el Juzgado Federal de Mendoza el incumplimiento, por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), de la medida cautelar que ordenaba suspender las restricciones que se configuraron con las “medidas de readecuación” del PAMI.
Desde la conducción nacional del PAMI, no solo incumplieron con la suspensión de las restricciones, sino que tampoco dieron cumplimiento a lo dispuesto en la resolución judicial que ordenaba al INSSJyP – PAMI a “hacer pública la sentencia en los medios masivos de comunicación de la Provincia de Tucumán, a fin de que tomen efectivo conocimiento los afiliados que aquí residen”.
Neme y Robles, solicitaron que se aplique una penalización económica al titular nacional del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo “como funcionario responsable de dar cumplimiento con las mandas judiciales que pesan sobre el organismo”, argumentando que ante la manifiesta “actitud displicente y reticente del demandado en dar cumplimiento a la medida cautelar resuelta, solicito se apliquen astreintes para conminar su efectivo y cabal cumplimiento”.
En este aspecto, los letrados solicitaron que la penalidad económica se haga efectiva de forma personal sobre los haberes que percibe su Director, Dr. Esteban Leguizamo”, ya que Neme y Robles entienden que si las penalidades recayeran sobre el organismo nacional su titular a cargo podría continuar eludiendo “la responsabilidad sobre el cumplimiento efectivo de la medida, permitiendo que la parte obligada persista en su situación de incumplimiento”.
A su vez, solicitaron “que se remitan copias de todo lo actuado al Juzgado Federal que por turno corresponda en la Provincia de Tucumán, a efectos de investigar la presunta comisión del delito de DESOBEDIENCIA JUDICIAL por parte del titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
Denuncia contra el juez Marianello
El binomio de letrados, Neme-Robles, también impulsó una denuncia penal contra el Dr. Patricio Marianello, a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5 de Capital Federal, por posible “prevaricato”. Los abogados consideran que Marianello dictó “una sentencia contraria a derecho para favorecer al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados (PAMI)… con el objetivo de escamotear una delicada causa judicial de manos de su juez natural – Juzgado Federal de Mendoza -, pretendiendo avocarse ilegítimamente a conocer en dicha causa”.
En ese sentido, Neme y Robles señalaron que “lo único que logró con esta burda maniobra fue dilatar los tiempos procesales, demorando el acceso a la Justicia de jubilados y pensionados que necesitan volver a contar con la cobertura integral de sus medicamentos”.
Marianello se sumó a la controversia luego de que el PAMI planteara una inhibitoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fue aceptada por el juzgado porteño pretendiendo que la causa se tramitara en su jurisdicción. Para los abogados “es indudable que el Dr. Marianello ha sido influenciado para permitir a PAMI ganar tiempo a través de una sentencia de inhibitoria absolutamente contraria a las normas aplicables en la materia”.
Por tal motivo, no solo solicitaron que se abra la pertinente investigación, sino que también requirieron “que se comunique al Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación respecto de la inconducta que entraña el accionar delictivo desplegado por el magistrado”.
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