La jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Federico Clinis Canal, uno de los propietarios de la cadena de gimnasios Exen, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También fue rechazado, de manera subsidiaria, el pedido de prisión domiciliaria.
La jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, rechazó este martes la excarcelación solicitada por la defensa de Federico Clinis Canal, uno de los propietarios de la cadena de gimnasios Exen, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la magistrada también rechazó el pedido de arresto domiciliario planteado de manera subsidiaria, al considerar que esa medida resulta “insuficiente para neutralizar los riesgos procesales verificados”.
Clinis Canal permanece detenido junto a otras cuatro personas en el marco de la causa. Entre ellas se encuentran su hermano Nicolás y su madre, María Graciela Canal, quienes se presentaron voluntariamente el 12 de agosto ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda. Ambos tenían pedidos de arresto internacional solicitados a Interpol.
También están detenidos los socios de los hermanos Clinis, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. En tanto, Jorge César Alberto Vargas, padrastro de los hermanos, y Raquel Edith Bohacek, gerenta de la sucursal de Exen en Pampa del Infierno, fueron imputados pero continúan en libertad por decisión judicial. El 13 de agosto, la jueza Niremperger había rechazado también el pedido de excarcelación presentado por Gane.
La pista que dio origen a la investigación
El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Según la hipótesis investigativa, ese testimonio habría vinculado al grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal que ya era investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esa información, la Fiscalía comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación.
La hipótesis fiscal sostiene provisoriamente que parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal mediante distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de la cadena de gimnasios Exen.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue precisamente el ritmo de crecimiento de la empresa. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 Exen llegó a contar con siete establecimientos.
Para el fiscal Patricio Sabadini, la velocidad de esa expansión y el dinero destinado a obras y equipamiento no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento.
Una inversión estimada en más de $2.500 millones
En paralelo con la investigación patrimonial, las fuerzas federales realizaron un relevamiento sobre seis establecimientos vinculados a Exen. El informe preliminar tomó como referencia la superficie de los locales y un valor de $510.000 por metro cuadrado. Sobre esa base, los seis establecimientos relevados suman 4.947 metros cuadrados, con una inversión estimada de poco más de $2.523 millones.
Entre los inmuebles relevados aparece Exen-Hotel Guaraní, con 567,18 metros cuadrados y una inversión estimada de $289.261.800; Exen-Hiper Cucher, con 2.541,95 metros cuadrados y una estimación de $1.296.394.500; y Exen-Barranqueras, con 493,49 metros cuadrados y una inversión calculada en $251.679.900.
También fueron relevados los establecimientos ubicados sobre avenida Las Heras, con una estimación de $253.373.100; avenida Arturo Illia, con $214.194.900; y Santiago del Estero, con $218.229.000.
La cifra es una estimación realizada a partir del valor de referencia por metro cuadrado y no equivale necesariamente al dinero efectivamente desembolsado ni al valor de los bienes secuestrados. Ese dato deberá ser contrastado con la documentación contable, patrimonial y financiera incorporada al expediente.
Para la fiscalía, el relevamiento permite dimensionar la infraestructura desplegada por la cadena y avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones.
Qué se investiga
La acusación sostiene provisoriamente que los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito.
En particular, la Fiscalía investiga si parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y de otros delitos. Esa hipótesis se conecta con la información aportada por el arrepentido, quien habría relacionado al grupo investigado con una organización narcocriminal.
En ese contexto, la Fiscalía puso el foco en la denominada fase de integración del lavado de activos: la incorporación de dinero de origen presuntamente delictivo al mercado formal mediante inversiones y operaciones destinadas a aparentar un origen legítimo.
Uno de los elementos señalados por los investigadores es la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia”.
La pesquisa también alcanzó movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios.
Además, los investigadores analizaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que, según la hipótesis fiscal, no se correspondería con los perfiles económicos declarados.