Daniel Garbellini, exdirector del programa Incluir Salud, señalado como una figura clave en el desvío de fondos en la causa que investiga los presuntos hechos de corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este jueves ante el juez federal Sebastián Casanello. Por su parte, el extitular de la agencia – Diego Spagnuolo – fue imputado tras no responder preguntas.
El exfuncionario de la agencia nacional acudió este jueves a Comodoro Py. Se presentó ante el fiscal Franco Picardi y el juez federal. Sin embargo, optó por no responder las preguntas. Solo optó por escuchar la acusación que se le atribuye en el marco de la causa.
La negativa de Garbellini llega apenas un día después de que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, acudiera a los tribunales federales, donde había sido citado para declarar en el marco del Coimagate. El abogado y amigo del presidente Javier Milei negó los hechos que le atribuye el fiscal Picardi, aclaró algunos puntos del expediente y luego decidió no responder preguntas. Con esta postura, se convirtió en el tercer imputado que compareció ante la Justicia y optó por guardar silencio.
Garbellini había sido citado a indagatoria en el marco de la causa en la que el médico Pablo Atchabahian, otro de los acusados, permanece detenido con arresto domiciliario en Mendoza luego de negarse a declarar. Una actitud similar asumió el empresario Miguel Ángel Calvete, a quien la fiscalía describe como un colaborador estrecho de Spagnuolo. Según la acusación, Calvete visitó al entonces director de ANDIS al menos cinco veces entre 2024 y 2025.
Los investigadores incluso reconstruyeron entradas de Spagnuolo en el domicilio de Calvete gracias a registros de una cámara de seguridad. En una de esas ocasiones, el exfuncionario ingresó al lugar con una mochila, un detalle que para la fiscalía resulta relevante.
A esto se suma un audio interceptado en agosto de 2025, donde Calvete alude al envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, frase que los pesquisas atribuyen directamente a Spagnuolo. En esa misma comunicación, el empresario describe el método para mover el dinero, lo que para la acusación exhibe habitualidad y coordinación.
El origen del caso y las pruebas
La causa tomó impulso tras la difusión de audios en los que Spagnuolo mencionaba presuntos pagos ilegales ligados a la compra de medicamentos para beneficiarios de discapacidad, incluido el ya difundido “3% para Karina”. La repercusión de esas grabaciones provocó su renuncia y la apertura de la investigación.
La Justicia también detectó irregularidades patrimoniales en el extitular del organismo: una caja de seguridad con u$s 82.000 y € 2.950 sin declarar, una máquina de contar billetes, consumos con tarjeta superiores a cuatro millones de pesos mensuales y una refacción de alto costo en su casa sin respaldo impositivo.
Las Declaraciones Juradas Patrimoniales de 2023 y 2024 fueron incorporadas al expediente para evaluar la evolución de sus bienes. A esto se suma que Spagnuolo eliminó conversaciones que luego quedaron registradas en los teléfonos de otros implicados y habría alternado entre celulares Samsung e iPhone de alta gama, lo que alimenta la hipótesis de equipos aún no secuestrados.
El rol de Garbellini
Aunque el fiscal Picardi había solicitado la detención de Spagnuolo, el juez Casanello rechazó el pedido y prefirió llamarlo a indagatoria. Esa audiencia abre paso ahora al testimonio de Garbellini, exdirector del programa Incluir Salud, a quien se investiga por haber actuado bajo instrucciones directas de Atchabahian y por haber sido, según audios internos, promovido políticamente por Eduardo “Lule” Menem.
La declaración de este jueves iba a ser un punto central para definir la situación de uno de los funcionarios más vinculados al funcionamiento interno del presunto esquema de corrupción dentro de ANDIS. Pero su negativa a la indagatoria podría complicar su situación procesal.
Quién es Daniel Garbellini
Daniel María Garbellini se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025. Fue uno de los creadores del “Grupo Museo”, un grupo de whatsapp en el que participaron entre otros Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, acusados clave del caso.
“Recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”, según acusó el fiscal Franco Picardi.
A su vez, en el ejercicio de sus funciones, Garbellini “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión y administración de recursos públicos -algunas de ellas formaban parte de firmas vinculadas al sector de la salud-; accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”
Los puntos principales de la acusación contra Garbellini
- Direccionamiento de compulsas de precios: permitió y ejecutó el direccionamiento de procesos de compra de medicamentos e insumos hacia empresas específicas, violando principios de transparencia y competencia.
- Participación de personas externas en decisiones públicas: permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS tomaran decisiones sobre la gestión y administración de recursos públicos, accedieran a información privilegiada y operaran el sistema de compras SIIPFIS desde fuera del organismo.
- Sobreprecios y pagos indebidos: facilitó la adjudicación de contratos con sobreprecios y recibió beneficios económicos indebidos a cambio de estas acciones.
- Colaboración con operadores externos: mantuvo vínculos con personas como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes influían en las decisiones de la ANDIS y tenían operadores dentro del organismo.
- Encubrimiento y destrucción de evidencia: si bien suministró la clave de su teléfono, eliminó conversaciones relevantes de su celular antes de entregarlo a las autoridades, lo que indica una intención de ocultar información clave para la investigación.
- Incremento patrimonial injustificado: se detectaron gastos personales y obras en uno de los inmuebles de su propiedad durante los años 2024 y 2025 que no se corresponden con sus ingresos declarados como funcionario público. Incluso el consorcio del barrio privado le impuso una multa por no haber respetado los metros establecidos, remarcó el fiscal en su acusación.
- En resumen, se le acusa de haber utilizado su posición en la ANDIS para beneficiar a un grupo de empresas y personas vinculadas, causando un perjuicio al erario público y afectando a personas en situación de vulnerabilidad.
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