Privado y confidencial. Una prosa legal que por momentos se vuelve casi intransitable, salvo para los expertos. En marzo de 2015 se firmó el contrato entre las empresas de la familia Eskenazi y Prospect Investments, una sociedad con sede en Delaware que pertenece al megabufet inglés Burford. Son las 19 páginas que le dieron origen a la mayor amenaza presente para la Argentina, dado que allí comenzó el camino que condujo al país a tener que pagar US$16.100 millones, según la Justicia norteamericana por la expropiación de YPF.
Varias partes de ese documento se muestran en esta nota. Por ser una pieza fundacional, apunta información importante con respecto a cómo se repartirá el dinero entre los acreedores. Su arquitecto fue Armando Betancor Alamo, el síndico designado por la Corte Mercantil 3 de Madrid. La Justicia lo seleccionó para que encontrara valor en las empresas Petersen para pagarles a los acreedores. Es un dato importante: los Eskenazi seguían hasta ese momento siendo dueños de las compañías, pero ya no las controlaban. Este abogado hacía el trabajo.
Betancor firmó el contrato en representación de las creaciones de la familia argentina. Su contraparte ese día fue Salvador Javier Mendieta Grande, autorizado a firmar en nombre de Prospect Investments, que se comprometió a financiar el juicio contra la Argentina para obtener dinero. Es socio del estudio A&O Shearman.
La firma de este documento fue el último paso de un camino que había arrancado antes. De hecho, Betancor Alamo, como responsable designado por la corte madrileña, había lanzado una compulsa internacional para conseguir a alguien que pusiera el dinero para litigar. Se presentaron cuatro empresas, pero cerró con la firma de Burford, que también pagó 15.101.000 euros no reembolsables. Ese dinero se distribuyó entre pequeños acreedores. Algunos señalan que en ese grupo está, por ejemplo, la Bolsa de Buenos Aires, escribanos y hasta fotocopiadoras.
Betancor Alamo fue un entusiasta en la búsqueda de Burford. Necesitaba, como dice el contrato original, contar con la asistencia profesional y la experiencia del “Proveedor de Capital”, es decir, Burford, tanto para financiar como para gestionar la ejecución de los reclamos. Eso, porque las empresas Petersen no tenían los recursos financieros ni la experiencia en litigios fuera de España.
En el contrato está claramente estipulado que las empresas Petersen, bajo la conducción de la Justicia, recibirán el 30% de todo lo que se obtenga por los reclamos. Burford, en tanto, se quedará con el 70% restante como contraprestación por su financiación del reclamo y el pago inicial. Eso, siempre que se trate de dinero.
En caso de que se obtengan instrumentos negociables, como acciones de YPF, para poner un ejemplo, podrían entregarse a un agente de pago si ambas partes no se ponen de acuerdo. En el caso en que persistan las diferencias entre Burford y la justicia española, el contrato contempla el hecho de tocar la puerta de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para resolver las diferencias.
En la práctica, la familia Petersen no puede asegurar que no recibirá dinero. También surge del contrato inicial que es una opción improbable. Si la Argentina pagara US$16.000 millones, como dice la jueza Loretta Preska, los administradores de la quiebra se quedarían con US$4347 millones, descontada la parte del fallo que no le corresponde a Burford.
En caso de que obtengan el dinero, lo primero que harán es pagarles a los acreedores de los Eskenazi. La nómina original fue cambiando. Se le sigue debiendo dinero a Repsol por unos 2000 millones de euros, como contó LA NACION. De los documentos de la empresa española surgen que entre 2008, cuando la familia argentina compra el 15% de YPF, y el año 2011, cuando suma otro 10%, Repsol le prestó US$1.746 millones.
Lo hizo a través de Repsol Netherlands Finance B.V., una subsidiaria financiera con sede en La Haya, Holanda, y participación en la Bolsa de Luxemburgo. Hoy la española tiene una deuda por cobrar de US$2.200 millones.
“Una empresa en convocatoria de acreedores en España significa, igual que en la Argentina, que hay acreedores. Son los primeros que se benefician en el reparto de fondos y si sobra se benefician, obviamente, los propietarios de la empresa, explicó el especialista Sebastián Maril. “En este caso, según las matemáticas, hoy no habría plata suficiente para que la familia Eskenazi se beneficie, según este documento de la Corte madrileña”.
Los bancos, además, ya no son los mismos. El fondo Anchorage, basado en Nueva York, les fue comprando a los bancos las acreencias, de manera que es el segundo en la lista a cobrar, si se lo mide en montos.
La convicción de todos los involucrados en la discusión es que la Argentina nunca pagará los US$16.100 millones. Aunque no lo dicen, los querellantes, que tienen un fallo por ese monto a favor, buscan negociar con el Gobierno. ¿Por qué deberían negociar si ya tienen el visto bueno de la Justicia norteamericana? Hoy están más interesados en que se arme una mesa de discusión más que en hacer valer el número de la demanda.
En otros términos, el número que dispuso Preska debería reducirse de algún modo. Eso no quiere decir que el resultado final no termine implicando un pésimo negocio para la Argentina, pero posiblemente disminuiría sustancialmente los recursos a repartir.
La Nación