El titular de la Fiscalía General N°7 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, el fiscal general Miguel Ángel Osorio, solicitó penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados que están siendo juzgados por la fabricación y comercialización ilegal de un medicamento adulterado a base de hierro que entre 2003 y 2004 ocasionó la muerte de al menos cuatro personas y produjo daños en la salud de otras 29 víctimas. La fiscalía también solicitó una absolución y embargos por 1.140 millones de pesos para los imputados, para asegurar la reparación del daño a las víctimas.
El juicio se inició en noviembre de 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini.
En su alegato del martes pasado, Osorio dio por acreditado que los acusados integraban una organización criminal que confeccionó ilegalmente el fármaco “Yectafer – hierro 5%” con sus propiedades adulteradas y luego lo volcó al mercado legal para su comercialización a través de una droguería.
En ese marco, la fiscalía precisó que en el juicio se probó la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006, en el cual se disimularon las propiedades nocivas a través de la falsificación e imitación del producto original, cuya elaboración autorizada corresponde al laboratorio Astrazeneca.
Según la imputación de la fiscalía, los peritajes efectuados determinaron que el Yectafer adulterado que no había sido fabricado por el laboratorio autorizado contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado en el envase como así también el PH y la densidad de la sustancia tampoco coincidían con la de la medicina inyectable original.
Si bien al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había requerido el juicio por la muerte de cinco personas y daños en 33 víctimas, Osorio finalmente acusó por cuatro muertes -Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80)- y daños en 29 personas. “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, dijo el fiscal sobre las víctimas fatales.
El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que Giménez “llevaba 22 semanas embarazada”, que fue sometida a una “cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004” y que “su bebé nació sin vida”.
El pedido de penas
El fiscal Osorio pidió que nueve de los diez los imputados sean condenados por los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembros- y adulteración y tráfico de medicamentos agravado por la muerte de cuatro personas. Las penas solicitadas son las siguientes:
- Roberto Enrique Gegenschatz y Daniel Leonardo Rabinovich (dueños de droguería Quimbel): 16 años de prisión.
- Pablo Jorge Cernadas (director de compras de Quimbel): 15 años de prisión.
- Víctor Julián Scattolini (acusado de aportar facturas truchas. Es señalado también por los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y uso de documento privado falso): 13 años de prisión.
- Miguel Cervera y Sandra Vitale (como dueños de Ampopck y Ampovit, respectivamente, proveyeron las ampollas y las cajas para el medicamento adulterado), Adrián Jorge Quintela (aportó facturas truchas) y Alberto Mario Akawie (cobro cheques en la maniobra): 12 años de prisión.
- Diego Hernán Manzotti (chofer en Quimbel): 7 años de prisión (el único que fue acusado en calidad de partícipe secundario en los delitos de adulteración y tráfico de medicamentos).
En el caso del décimo imputado, Santiago Lucio Gavazza, la fiscalía requirió la absolución por los hechos por los cuales llegó acusado a juicio.
A su vez, Osorio solicitó que se decomisen “todos los bienes instrumento del delito a los efectos de poder materializar la indemnización con el objeto de destinarlo a la reparación plena del daño ocasionado a las víctimas”.
A efectos de asegurar la reparación del daño, también pidió al tribunal que se decreten los embargos preventivos respecto de Rabinovich, Gegenschatz, Cernadas, Quintela, Akawie, Scattolini, Manzotti, Vitale y Cervera por el monto de 1.140 millones de pesos.
La causa tuvo a otros cinco imputados que no llegaron a esta instancia del juicio porque fallecieron a lo largo de la investigación. Entre ellos estaban quienes, para la fiscalía, montaron el laboratorio clandestino donde se elaboró el Yectafer adulterado, Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, quienes estaban imputados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita.
El funcionamiento de la estructura criminal
Previo al pedido de penas, el fiscal Osorio señaló que se logró acreditar el “alto grado de sofisticación del grupo criminal dedicado a elaborar medicamentos falsos e implementar su circuito de comercialización clandestino”.
“Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal”, sintetizó el fiscal.
Indicó que “en función de la prueba producida e incorporada a lo largo del debate se han corroborado los hechos objeto del juicio y la responsabilidad que les cabe a los imputados”.
Detalló que algunos de los miembros de la asociación ilícita falsificaban los medicamentos de forma clandestina en un domicilio particular y “nutrían de productos ilícitos a la operación comercial marginal que realizaba la droguería Quimbel, que tenía como autoridades y dueños a Rabinovich y Gegenschatz”.
Osorio puntualizó que los dueños de la droguería “utilizaron sus recursos humanos como su estructura comercial, a fin de transformar mercadería de origen espurio o de fabricación marginal en legítima para que circulara en el mercado formal, falsificando la documentación que respalda el origen”.
El fiscal general remarcó que esa droguería “brindaba la fachada perfecta para llevar adelante una operatoria en ´negro´ o clandestina en paralelo con su actividad formal”.
Gravísimo daño a la salud pública
En su exposición, Osorio enfatizó que el accionar de los imputados causó un “gravísimo daño a la salud pública” a la que pusieron en riesgo. Asimismo, subrayó que el accionar vinculado a Yectafer “no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal”.
“Los imputados sabían que el medicamento era proveniente del mercado ilegal y peligroso para la salud”, agregó.
Además, la fiscalía hizo referencia a un estudio realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) con ratas a las que se le aplicó el medicamento adulterado y que formó parte de la carga probatoria.
Osorio explicó que en dicho examen “se murieron el 100 por ciento de los animales” a los cuales se les suministro el Yectafer adulterado y que previo al deceso, mostraron alteraciones neurológicas, del ritmo cardiaco y frecuencia respiratoria, sintomatología compatible con la que se presenta en casos de intoxicación por exceso de hierro.
Tras el pedido de penas formulado por la fiscalía, el TOCF N°3 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 2 de septiembre, cuando se dará inició a los alegatos de las defensas.
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