La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia fijó para el próximo 19 de mayo la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa por la agresión policial contra un grupo de jóvenes de la comunidad Qom ocurrida el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.
El juicio oral ya tiene fechas confirmadas y se desarrollará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio de 2026. El proceso está a cargo del tribunal conformado por las juezas Dolly Fernández, Cristina Pisarello y María Virginia Ise.
La audiencia preliminar constituye una instancia procesal previa al debate oral en la que se ordena la prueba y se resuelven cuestiones pendientes, con el objetivo de evitar nulidades o dilaciones durante el juicio.
La causa investiga una serie de hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos policiales irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. Según la investigación judicial, los uniformados habrían golpeado a jóvenes de la comunidad Qom, entre ellos una adolescente, además de proferir insultos discriminatorios vinculados a su identidad indígena.
Las denuncias sostienen que las agresiones continuaron posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas habrían sido sometidas a golpes, amenazas y tratos crueles y degradantes mientras permanecían detenidas.
“Indios de mierda, los vamos a matar”, fueron algunos de los gritos que propinaron los policías según denunciaron las víctimas en la causa. El caso tomó trascendencia nacional luego de la viralización de un video del operativo policial. En ese contexto, el entonces presidente Alberto Fernández calificó públicamente las imágenes como “inaceptables”.
En total, diez efectivos policiales llegarán a juicio. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Por su parte, Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentarán cargos por vejaciones agravadas. En tanto, Sebastián Alberto Vallejos será juzgado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que actúa como querellante institucional, señaló que el proceso representa un caso relevante en materia de violencia institucional, particularmente en hechos que involucran a integrantes de pueblos originarios.
Remarcaron además la expectativa de que el caso no quede impune y señalaron que el juicio implica una oportunidad para establecer responsabilidades frente a un hecho de extrema gravedad institucional.