El fiscal federal Carlos Amad confirmó que la investigación por la desaparición de la yaguareté Acaí en el Parque Nacional Impenetrable avanza con allanamientos, secuestro de celulares y tareas de inteligencia. Señaló que aún no se halló el collar ni el cuerpo del animal, y advirtió que el daño ambiental estimado ronda los 2.700 millones de pesos.
El fiscal Carlos Amad informó en CIUDAD TV que la investigación por la desaparición del yaguareté Acaí “marcha correctamente” y que ya se realizaron tres allanamientos en los que “se secuestraron teléfonos celulares y en algunos armas”. Explicó que esos dispositivos “van a ser analizados por parte de técnicos y veremos qué surge de ahí”, mientras continúan “tareas de inteligencia sobre la zona para tratar de obtener datos”.
Señaló que el área de búsqueda es “bastante inhóspita, lejana a grandes poblaciones”, lo que reduce la cantidad de testigos potenciales. Indicó que se realizan rastrillajes de manera frecuente y que el equipo continúa buscando el collar del animal: “Todavía no se encontró, está determinado en algún lugar del río, pero no se pudo dar con él. Una vez que se pueda dar con él va a ser muy interesante porque vamos a tener el seguimiento minuto a minuto del camino del animal”.
Amad confirmó que tampoco se hallaron restos del yaguareté: “Hasta ahora no hemos encontrado el cadáver del animal, ni la piel del animal. Uno por ahí tiene un poco de esperanza, pero con el correr de los días esas esperanzas merman”.
Con respecto a las personas allanadas, señaló que existe información “dentro de la investigación” que indica que “podrían haber tenido contacto con el animal protegido”. También mencionó un episodio en la zona: “Hubo una especie de reyerta ahí, parece ser que un gran animal atacó un perro; no está determinado que el perro haya sido atacado por la yaguareté. Estamos tratando de averiguar todas esas situaciones y todas esas circunstancias”.
Aclaró que, por el momento, “no hemos encontrado elementos para detener a ninguna persona”. Sin embargo, sostuvo que podrían producirse avances: “Si mañana, cuando hagamos el análisis de la información que tienen los teléfonos celulares o alguna otra información que nos vaya llevando a un mismo lugar, seguramente tendremos novedades”.
El fiscal recordó que la ley contempla “severas sanciones económicas y severas sanciones penales que pueden llegar a cinco años de prisión y un poco más también”. Subrayó que la mensura del daño ambiental estimado asciende a “2.700 millones de pesos”, en caso de que se confirme la muerte del animal. “Somos responsables ante la comunidad internacional por velar por esta fauna que está en peligro de extinción”, añadió.
Amad enfatizó la necesidad de protección: “Sería una picardía que las personas que viven en lugares donde anda este animal u otros animales en las mismas condiciones les hagan daño. Cuidando nuestra fauna y nuestra flora también vamos a recuperar un poco la calidad de seres humanos que debemos tener”.
También afirmó que no existen indicios de bandas organizadas: “Hasta ahora no tengo ni un informe de la Policía de la provincia del Chaco que sospeche de cazadores furtivos organizados para matar un yaguareté”. A su vez, destacó el trabajo de las unidades en el terreno: “Hay gente calificada de la Policía Rural, está el BOA, hay otros actores dando vuelta por la zona rastrillando permanentemente”.
“Primero hay que determinar si las personas han intervenido o tienen algo que ver con la desaparición de este animal. Una vez que eso esté determinado, seguiremos los cánones correspondientes para ver si podemos llegar a una condena”, apuntó.