La semana pasada, al dictar la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 le exigió a la expresidenta que presentara una lista limitada de las personas que estarán autorizadas a ingresar al departamento de San José -familiares, abogados, médicos y custodios-, mientras que le avisó a la exmandataria que cualquier otra visita fuera de esa lista requerirá permiso judicial.
Al notar las desmedidas restricciones que la justicia le impuso a CFK para recibir visitas, los abogados de la titular del PJ, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, le pidieron al TOF que flexibilice el régimen, pero el tribunal rechazó ese pedido. Frente a esa decisión, los letrados decidieron apelar la resolución judicial, por lo que ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá resolver si mantiene o no las burdas restricciones de visita.
Según informaron fuentes judiciales, las partes expondrán ante la Sala IV de Casación -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena a CFK en la causa Vialidad- el próximo 7 de julio desde las 12 horas, luego de lo cual el Tribunal tendrá cinco días para resolver.
Ya se presentaron ante el Tribunal 44 diputados y 30 senadores nacionales y más de 700 ciudadanos particulares pidiendo autorización para ingresar al domicilio de CFK.
Los argumentos de la defensa de CFK
Al cuestionar el régimen de visitas, los abogados remarcaron que la exmandataria durante su prisión domiciliaria tiene el derecho a “desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, y que los magistrados no pueden imponer “reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Para la defensa de CFK, la restricción impuesta por el Tribunal es incompatible con el derecho a la vida familiar y social de la exmandataria. “Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresaron los letrados, quienes advirtieron además que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta debe reunirse de forma frecuente con los profesionales contables que la asisten, al igual que con los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas desarrolladas diaramente a su nombre.
A su vez, remarcaron que la expresidenta es la titular del Partido Justicialista (PJ), el principal espacio político opositor. “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, advirtieron los abogados de CFK.
“Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, añadieron.
Otros recursos pendientes
La defensa de Cristina Kirchner también impugnó en los últimos días la orden de los jueces del TOF N°2 de colocarle una tobillera electrónica a la expresidenta para controlar la prisión domiciliaria y garantizar su cumplimiento. Sin embargo, eso aún no fue elevado a la Cámara Federal de Casación.
Por otra parte, todavía está vigente el plazo para que los fiscales Luciani y Mola presenten recurso contra la prisión domiciliaria de titular del PJ: al dictaminar sobre el punto, los representantes del Ministerio Publico Fiscal se habían opuesto a esta forma de prisión y habían dejado expresa reserva de recurrir ante la Cámara de Casación en caso de una resolución desfavorable.
Página 12