En 2024, a los pocos meses de asumir, Javier Milei desfinanció el programa que redujo a la mitad la cantidad de embarazos adolescentes. El Plan ENIA, lanzado durante la gestión de Mauricio Macri, estaba orientado a prevenir el embarazo adolescente, pero la gestión libertaria le quitó el financiamiento, desvinculó a las 700 profesionales que venían trabajando hace seis años, y lo vació. Este martes, en ocasión del Ni Una Menos, las diputadas de la oposición quieren convertirlo en una política de Estado, pero se enfrentan a la resistencia del mismo partido que lo impulsó originalmente: el PRO.
Hay dos dictámenes en danza, ambos referidos a fijar el Plan ENIA con el peso de una ley, pero que difieren en un aspecto clave: el financiamiento. El dictamen de mayoría, que es respaldado por el peronismo, el socialismo y el radicalismo díscolo, sostiene que tiene que ser el Tesoro Nacional el que debe garantizar los recursos para que las provincias puedan ejecutar el programa. El del PRO, que lleva la firma de Silvia Lospennato, propone, en cambio, que sean las provincias las que se hagan cargo del financiamiento.
El problema es evidente: en un contexto de ajuste de las cuentas públicas, de recorte en obra pública y de las transferencias que Nación envía a las provincias, las posibilidades de las jurisdicciones de solventar los gastos de funcionamiento del Plan ENIA son menores. “Es inverosímil, no se puede gestionar. ¿La provincia que lo puede financiar lo hace y la que está empobrecida y que más lo necesita no?”, cuestionan en el peronismo, en donde apuntan los dardos contra Lospennato y el PRO: “Estamos levantando como propio un programa que trajo Macri, ¿y ellos no acompañan?”, mascullan.
La resistencia del PRO se da en un contexto tenso, marcado por las conversaciones que Cristian Ritondo mantiene con Casa Rosada para cerrar un acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires. En la comisión de Salud, donde se dictaminó el proyecto el año pasado –se requiere el dictamen en la comisión de la Mujer, de Presupuesto y de Familia–, Lospennato logró sumar las firmas del resto de sus compañeros de bloque con el compromiso que no afectaría el equilibrio fiscal de Milei.
Tras la derrota electoral en CABA, sin embargo, el PRO firmó la rendición incondicional. El macrismo quedó debilitado y absorbido por la mayoría mileísta que pretende fusionarse con La Libertad Avanza. Las pretenciones independentistas fueron fácilmente sofocadas por Ritondo –un desafío que el jefe de bancada amarilla deberá repetir el martes, cuando se reúna el bloque para discutir qué hacer con la emergencia a la discapacidad que se debatirá en la sesión del miércoles– y no hay diferencias entre macristas, bullrichistas y acuerdistas al momento de votar.
“La mejor manera que tiene el Gobierno de destruir la agenda de género es desfinanciándola. Mirá la ley de salud sexual y reproductiva: no la cumplieron porque no hicieron la compra y distribución de los anticonceptivos, y no hay sanción”, busca matizar, con escepticismo, una voz del partido amarillo respecto a las pretenciones del resto de la oposición.
La sumisión total es un fenómeno que, sin embargo, no se observa solo en el PRO, sino también en el radicalismo. Mónica Macha (UxP), que preside la comisión de la Mujer, que es donde se buscará dictaminar el martes a las 11 el Plan ENIA, intentó armar un plenario para poder abarcar la mayor cantidad de comisiones (ya que, en técnica parlamentaria, es habitual que un oficialismo le de varios giros a un proyecto para dilatar su tratamiento). Sabía que la comisión de Presupuesto era imposible, porque la preside José Luis Espert, pero lo intentó con la de Familia, que la preside la radical Roxana Reyes. Nunca respondió.
¿De qué sirvió el Plan ENIA?
El Plan ENIA se puso en marcha durante el gobierno de Macri, con apoyo de una veintena de organizaciones civiles y la Unicef, y se profundizó durante el de Alberto Fernández. El objetivo que tenía era prevenir el embarazo no intencional entre las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años y, durante su implementación, terminó convirtiéndose en un modelo de éxito para bajar la fecundidad adolescente en América Latina.
En 2018, por ejemplo, se registró que hubo unos 84.768 nacimientos con madres adolescentes entre 15 y 19, y 2350 de madres menores de 15 años. En 2022, cuatro años después de la implementación del programa, se registró una reducción drástica del número de casos: 43.210 adolescentes de menos de 20 años fueron madres, y 1087 niñas. La mitad de casos.
El programa –que los proyectos de ley buscan replicar– incentivaba y creaba espacios de consejería en salud sexual en escuelas primarias y espacios comunitarios. No solo brindaba información y acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico, sino también a la Interrupción Voluntaria del Embarazo si la adolescente lo precisaba.
El objetivo era evitar el embarazo no intencional y sus consecuencias físicas, psicológicas y en el desarrollo personal de las niñas y adolescentes. Según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas realizado en América Latina, por ejemplo, solo el 38% de las niñas y adolescentes que fueron madres habían podido terminar la escuela secundaria. A su vez, como efecto secundario, el Plan ENIA colaboraba para detectar casos de abuso sexual infantil.
El Plan ENIA, en el último año, dejó de funcionar por falta de presupuesto. El objetivo de las diputadas de la oposición –entre las que se encuentran Macha, Mónica Fein (PS), Blanca Osuna (UxP) y Carla Carrizo (UCR)– es emitir dictamen de mayoría este martes y preparar el terreno para emplazar las comisiones que faltan y, así, poder llevarlo al recinto. Si consiguen las firmas, un sector del peronismo se entusiasma con poder incluir el emplazamiento en la gran sesión opositora del miércoles.
Al final del recorrido, sin embargo, el futuro de la ley dependerá del PRO.
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