Una condena para el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores por el supuesto intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, fue solicitada a la Corte Suprema por el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet.
Fuentes oficiales revelaron el martes esta información de la causa que se tramita en la Primera Sala del Supremo y que ya cerró la fase de instrucción.
Gonet argumenta que los acusados deben ser condenados por cinco delitos: “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”.
De comprobarse estas acusaciones, Bolsonaro y el resto de imputados, entre los que se encuentran antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022) y militares de alto rango, se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre los 12 y los 40 años de prisión.
El fiscal asegura que existe “un amplio conjunto de pruebas”, que incluye manuscritos, archivos digitales, intercambio de mensajes y cdocumentos, que revelan “la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas”.
A eso se le suman los interrogatorios, realizados a lo largo de la causa, que evidenciaron la participación de los acusados en “una organización criminal” que buscó “impedir el funcionamiento de los poderes y derrocar un gobierno legítimamente electo, además de la destrucción de edificios públicos”, indicó la Fiscalía.
De esta manera se vincula directamente a Bolsonaro y a los otros siete acusados con lo ocurrido el 8 de enero de 2023.
Los hechos ocurrieron una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que apartara del poder al dirigente progresista.
El fiscal general concluyó que los ocho acusados orquestaron acciones para garantizar su “permanencia autoritaria en el poder a través de tentativas de ruptura violenta del orden democrático”, es decir: intentar derrocar por la fuerza el sistema democrático vigente.
El turno ahora es para los imputados, que deben presentar sus posiciones sobre los alegatos presentados por la Fiscalía, para que finalmente el juicio entre en su etapa final y quede listo para sentencia. El tribunal prevé que puede ocurrir entre septiembre y octubre de 2025.
Aunque estos ocho acusados son los señalados como líderes de la trama golpista, están pendientes de juicio otra treintena de sospechosos.
Mientras avanza este juicio, Donald Trump anunció un arancel del 50 % a las importaciones de Brasil, en apoyo a su aliado, Bolsonaro, a quien calificó como víctima de una “caza de brujas”.
France 24