La normativa fue volcada en un decreto publicado en el Diario Oficial, en el cual se establece que el uso de armas de fuego deberá ser el “último recurso” en todo tipo de operación policial, incluso en aquellas que las autoridades realicen dentro de los presidios. Según el texto, las armas de fuego “sólo podrán ser empleadas cuando otros recursos de menor intensidad no fueran suficientes para alcanzar los objetivos legales perseguidos”.
También subraya que “la acción policial no podrá discriminar a ninguna persona por color, raza, etnia, orientación sexual, idioma, religión, nacionalidad, origen social, deficiencia, situación económica, opiniones políticas o de otra naturaleza”.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el 82% de las víctimas de la violencia policial son personas negras, de escasos recursos y mueren en operaciones realizadas en las comunidades más pobres de las grandes ciudades del país.
El decreto fue publicado en medio de olas de violencia policial que se han registrado en diversas regiones del país y con una especial intensidad en el estado de São Paulo, gobernado por una ultraderecha que ha impuesto una política de mano dura contra la delincuencia.
Según ha denunciado el Ministerio Público, en los primeros nueve meses de este año los cuerpos policiales del estado de São Paulo fueron responsables por 673 muertes, lo que supuso un aumento del 46 % relación al mismo período de 2023.
El año pasado, de acuerdo a datos oficiales, las “intervenciones policiales” causaron 6.393 muertes en Brasil, con una elevada tasa de 3,1 cada 100.000 habitantes.
De acuerdo al Anuario Brasileño de Seguridad Pública, publicado en julio pasado, esos datos representaron una “estabilidad” respecto a 2022, pero además suponen que la violencia policial ha aumentado un 188 % desde 2013.
Página/12