La líder de la Coalición Cívica fue citada tras el informe que presentó el fiscal Germán Camafreita, en el que denuncia que lo amenazó con “meterlo preso” y que avanzaría “en forma despiadada contra él”. La exdiputada nacional no está habilitada para ejercer como abogada en la provincia de Buenos Aires. ¿Modus operandi?
Luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara que Elisa Carrió lo denunció tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, la justicia citó para mañana a la líder de la Coalición Cívica para que de explicaciones. En un informe, el funcionario judicial detalló que la exdiputada nacional dijo que lo “metería preso” y que que avanzaría “en forma despiadada contra él”.
Según consta en el informe que presentó Camafreita, el pasado 2 de enero Carrió se comunicó telefónicamente con él tras los allanamientos en la casa de Yofe en Pilar, en el marco de la causa que lo investiga por supuestamente liderar una banda que se dedica a denunciar y extorsionar personas.
“(dijo) que no sabía en qué me estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir en forma despiadada contra mí, que en el día de mañana iba a ser la portada de todos los medios nacionales”, señaló el fiscal, al tiempo que detalló como Carrió dijo en varias oportunidades que con el allanamiento “se violaban derechos fundamentales” y que se trataba de una “causa armada”.
De acuerdo al informe del fiscal, la exlegisladora volvió a comunicarse minutos después, donde “gritando” le decía que “lo iba a denunciar en el Juzgado Federal”. Dos horas más tarde y después de que se le diera el número para acceder al expediente, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse para ensayar una especie de disculpa, pero volvió a decirle que “Prefectura Naval Argentina iba a radicar una denuncia por el allanamiento ilegal”.
La semana pasada, la Fiscalía a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció formalmente ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo por las amenazas y presiones recibidas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
En el oficio, el fiscal puso a disposición del Colegio las actuaciones labradas para que se evalúe la conducta de ambas letradas durante los hechos denunciados.
A ello se le suma que en tribunales se investiga la posibilidad de que exista un “modus operandi” por parte de los dirigentes, donde utilizarían las amenazas y los aprietes para conseguir que avances ciertos casos.
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