A menos de una semana de abandonar el poder, Joe Biden quitará a Cuba de la lista de países promotores y financistas del terrorismo. Es una de las últimas decisiones del presidente saliente, que la administración demócrata comunicó sin dar pormenores al Washington Post y otros medios. Se esperaba que al fin del martes 14 sea informado formalmente el Congreso.
Cuatro años antes, en enero de 2021, también en una de sus postreras disposiciones, su entonces antecesor y ahora sucesor Donald Trump había reinstaurado al gobierno cubano como sponsor terrorista. Todo invita a creer que una vez presidente tras jurar el 20 de enero, una de las primeras medidas del segundo mandato del republicano será revocar la orden ejecutiva del demócrata.
Efímera sin ser inútil, según el periodismo informado en off: con la mediación de la Iglesia Católica quedaría en libertad un ‘número significativo de personas encarceladas’ durante las protestas de 2021. Unas 550 según una estimación difundida, de entre las 671 consideradas en prisión política por Amnesty International. Un número importante del total, libre antes del lunes 20 de la asunción de Trump.
Según las mismas altas fuentes citadas, los “equipos de transición de las administraciones saliente y entrante se han mantenido en contacto permanente sobre una serie de temas en desarrollo”, entre ellos, Cuba. Biden cumple in extremis una promesa de su campaña electoral, la de revertir el pBiden cumple in extremis una promesa de su campaña electoral, la de revertir el plexo de medidas de presión agresiva anticubanas que en cuatro años había reinstaurado o instaurado desde 2017 el rival oficialista al que desafiaba y al que derrotó en noviembre de 2020.
El plexo de medidas de presión agresiva anticubanas que en cuatro años había reinstaurado o instaurado desde 2017 el rival oficialista al que desafiaba y al que derrotó en noviembre de 2020. Poco había hecho, y poco había intentado hacer, el demócrata en su único mandato como presidente que llega en una semana a su fin.
En contraste, Trump se había mostrado notablemente activo en retrotraer la diplomacia al período anterior a normalización de las relaciones diplomáticas acordada por Barack Obama y Raúl Castro gracias a la quiet diplomacy de la Iglesia Católica y aun a un compromiso personal del papa Francisco.
Después de décadas, la administración del presidente Obama (y su vice Biden) habían retirado a La Habana en la lista infamante de Estados que financian y promueven el terrorismo internacional. Poco después de asumir en 2017, Trump firmó un memorándum de seguridad nacional que no sólo enervaba las iniciativas más generosas de Obama sino que endurecía las sanciones elevándolas a un nuevo nivel de rigor.
Durante cuatro puntuales años, y hasta que se vuelva efectiva la decisión casi póstuma informada este martes, las relaciones entre Cuba y EEUU se mantuvieron inmóviles. Con una presión ininterrumpida de Washington sobre La Habana. Una encrucijada donde a la vigencia del embargo de 1962 y las sanciones derivadas de memorándum de 2017 se habían añadido el ulterior agravamiento de los términos del intercambio infligido y dejado en herencia por la reintegración de La Habana en la lista terrorista ordenada a mediados de enero de 2021.
La vuelta de tuerca en la presión anticubana la disponía un jefe de Gobierno derrotado en las presidenciales del primer martes de noviembre que habían frustrado su reelección, a una semana de abandonar la Casa Blanca. En una capital nacional que el 6 de enero había presenciado la irrupción de una turbamulta armada y violenta, exitosa en asaltar el Capitolio e interrumpir a las Cámaras del Congreso cuando reunidas en Asamblea se disponían a proclamar ganador y perdedor oficiales.
Para más de la mitad del mundo, importaba poco qué riesgos habían estremecido a la democracia de EEUU ese miércoles 6 de enero de 2021. Antes que peligros de discontinuidad al ordenamiento constituiona, al equilibrio de los poderes del Estado, a la tranquila transición y traspaso del poder de una administración a la siguiente según lo deciidido por el sufragio en elecciones convocadas cada cuatro años con bicentenaria regularidad desde fines del siglo XVIII, presenciaron en vivo el colapso del orden público en el corazón del poder de la Republica modelo, primera potencia económcia del mundo e hiperpotencencia militar planetaria.
La noticia era sencillamente que tales hechos habían ocurrido en Washington, capital de EEUU, a 14 días de que Trump concluyera su entonces primer y único mandato. Según el grado de disimulo de adversarios y aliados resultaba más o menos audible la sorna entre las líneas de condena, solidaridad y llamado al orden y al respeto por la autoridad bien constituida. A los gobiernos chino o ruso, iraní o turco, y aun venezolano o cubano, les era difícil evitar algún ademán de alarde: violencias así habrían sido frenadas, de ocurrir, en sus países: ‘cosas así’ no pasan en Pekín o Moscú, Teherán o Ankara, ni siquiera en Caracas o La Habana.
El Ejecutivo de Washington, un poder que sanciona como respira (y a veces asfixia)
El 6 de enero de 2021 la policía de Washington desfalleció o se replegó siguiendo un guión, y el Congreso lució débil frente a los improvisados invasores de looks a veces desconcertantes por sus aires a cómics pop. Sin embargo y sin demoras, aquellas naciones complacidas por la probada eficacia de sus propias fuerzas de seguridad interior, ratificaron incólume el poder de policía internacional de Washington. La idoneidad de EEUU para la herida o el bálsamo, provocada o atenuada la una con la misma velocidad, gravedad, determinación e imperio con que concede o gradúa el otro.
Los ingresos por el turismo habían caído y su mengua deteriorado a la economía y al estado cubanos desde el memorándum de seguridad nacional firmado en 2017 por Donald Trump que restauraba y reformulaba sanciones abolidas por Obama. Después del asalto al Capitolio, en la última semana de su gobierno, perdida su reelección en no indiferente medida por la alta mortalidad y la aun baja vacunación del covid, el presidente republicano saliente reinscribió en la segunda semana de enero de 2021 al gobierno de La Habana en la lista oficial que Washington mantiene de los países patrocinantes del terrorismo internacional.
Entre las consecuencias inmediatas de esta decisión postrera de Trump, castigaba a Cuba la prohibición a los ciudadanos de EE.UU de alojarse en la hotelería de la isla, de invertir directamente en negocios en ella o de financiar emprendimientos.
La isla que había enfrentado con recursos menguados el covid, veía recortarse gráficamente la magnitud de los ingresos con los que podría organizar la reconstrucción post pandemia. Las protestas contra un gobierno sin recursos nuevos, que veía reducidas dráticamente las fuentes trdicionales de procurárselos y que administraba con torpeza, incuria y elitismo aquellos que le restaban, inundaron los calles de las ciudades cubanas a mediados de 2021.
De entre la masa de personas detenidas entonces y aún retenidas en instalaciones del Estado es que el Gobierno iniciará el proceso progresivo de liberaciones con el cual en la segunda semana de enero de 2025 La Habana celebra la recuperación de un statuts jurídico en la relación bilateral con Washington del que fue privado por la Casa Blanca en la segunda semana de enero de 2021.
El Diario Ar