Este es el segundo conflicto que enfrenta la entidad bancaria en menos de un mes. A principios de octubre, el BNA intentó cerrar varias sucursales en la provincia de La Pampa, una decisión que fue calificada por trabajadores y sectores políticos de la región como una medida arbitraria y de carácter político. En ambos casos, la gestión del BNA fue señalada por utilizar el cierre de sucursales como herramienta de represalia política contra gobiernos provinciales críticos.
El gremio de los trabajadores bancarios expresó su repudio ante una nueva política de ajuste que pone en peligro la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. “Rechazamos y repudiamos el cierre de sucursales, es innecesario, injusto y perverso poner a los trabajadores en la angustia de no saber si tendrán su lugar de trabajo o no al día siguiente”, sostuvieron en un comunicado.
Advirtieron, además, que estos cierres responden a un trasfondo político, señalando que tanto en La Pampa como en La Matanza, los cierres de sucursales responden a tensiones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales que han cuestionado decisiones de la administración central.
En particular, destacan que en La Pampa el conflicto se intensificó tras la oposición del gobierno provincial a una posible privatización del Banco Nación. Por otro lado, en La Matanza, el cierre de la sucursal coincidió con la clausura de una obra vinculada a un empresario asociado a la administración central, lo que ha sido percibido como una represalia.
”Es lamentable que el Gobierno utilice al Banco Nación como instrumento político de persecución y sometimiento de quienes piensan distinto”, expresó la representación gremial. En un tono firme, el comunicado finaliza con una advertencia al directorio y a la administración central del BNA: ”Si el Banco no garantiza los puestos de trabajo y continúa avanzando en una política de ajuste y reducción de sucursales, la respuesta será contundente: habrá lucha y habrá conflicto”.
Por su parte, la Comisión Interna del Banco Nación afirmó que la medida sólo tiene como objetivo la privatización, se declaró en estado de alerta y movilización y anunció que habrá medidas de fuerza desde el día lunes.
La reunión prevista para el martes será clave para definir los próximos pasos del conflicto y la posición oficial del BNA frente a las demandas de los trabajadores. Entretanto, el cierre de la sucursal en Ramos Mejía continúa generando descontento entre la comunidad y en los empleados de la entidad.
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