Protestar hoy en la Argentina implica exponerse a una serie de riesgos. Quienes se manifiestan reciben insultos y amenazas de parte de las más altas autoridades políticas y sus seguidores en redes sociales. En la calle o el transporte público se puede ser objeto de demoras y requisas ilegales por parte de policías que buscan banderas y otros indicios de la pertenencia política, algo no visto desde la dictadura militar. Durante las protestas, hay serios riesgos de sufrir golpes, empujones, ser corridos y perseguidos por policías a pie o en moto. O de ser rociados con gases químicos irritantes y sufrir quemaduras. Y de recibir impactos de balas de goma en el cuerpo o el rostro. También de perder la vista. Se corre el riesgo de una detención sólo por estar ahí, manifestándose, trabajando o simplemente pasando por el lugar. Una vez detenida, una persona puede pasar horas sin saber dónde será trasladada. Y días hasta que las autoridades judiciales concedan que no existen pruebas que justifiquen la detención. Aun así, se verá imputada por delitos que pueden ir desde la resistencia a la autoridad hasta la asociación ilícita y la intimidación pública. Mientras, en los medios de comunicación y las redes sociales, las autoridades retoman los insultos y acusan de “terrorismo” a quienes se manifiestan.
Desde diciembre, el uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales” se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas. Los policías las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes. El resultado es una gran cantidad de personas heridas. Según diversas organizaciones que monitorean las protestas al menos 665 personas fueron heridas de distinta gravedad en seis episodios represivos en la Ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2024. Algunas de ellas sufrieron heridas oculares graves y pérdida de visión.
La perspectiva sobre la protesta como delito, habilita el uso irracional de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento o supresión de garantías constitucionales. Y si bien esta perspectiva no es nueva -comunidades indígenas, sindicatos y asambleas ambientalistas la sufrieron en provincias como Jujuy, Chubut o Río Negro- hoy se transformó en la política del gobierno nacional a nivel federal. Pero mientras visibilizamos y denunciamos que la represión y judicialización están achicando el espacio cívico en la Argentina, sabemos que sólo las personas ganando la calle van a evitar que este estado de cosas se naturalice.
CELS