No es racismo sino equidad. Reciprocidad, según aseguran. Por lo menos así lo toma no sólo en el gobierno peronista de Salta, si no también buena parte de los habitantes de la provincia.
Salta fue la primera jurisdicción del país que dio el paso que casi nadie se atrevió a dar, aunque ahora varias lo estén pensando: cobrarles a los extranjeros por el uso del sistema público de salud, siempre y cuando ningún paciente tenga riesgo de perder la vida.
Hace un mes que el Gobierno local tarifó para los extranjeros las prestaciones en los hospitales públicos. En esos 31 días de marzo, la cantidad de gente de otros países que se atendió en el sistema provincial de salud se desplomó hasta un 90%.
Un claro ejemplo es lo que sucedió en Orán, una ciudad muy importante casi pegada al limite con Bolivia. “Desde que comenzamos a cobrar, de casi 3.000 extranjeros que pasaban por mes en el hospital y otros efectores de salud públicos, cayó a 60 pacientes”, le indica a Clarín el ministro de Salud salteño, Federico Mangione.
En toda la provincia, cada 30 días solían atenderse unas 8.000 personas en centros médicos estatales. La inmensa mayoría son ciudadanos bolivianos. Aunque también hay paraguayos y hasta inclusive chilenos.
Desde marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial la medida de arancelar las prestaciones, un extranjero debe pagar $ 100.000 por día para ocupar una cama común. En la sala intermedia cuesta $ 190.000 y en terapia intensiva $ 250.000.
En Salvador Massa, ciudad salteña limítrofe con Yacuiba, Bolivia, el 90% de la atención en hospitales era de gente que vivía en otros países. “A nuestros residentes los teníamos que derivar a Tartagal porque no había lugar. Eso, gracias al cuadro tarifario que comenzamos a implementar, lo pudimos revertir completamente. En otras palabras, ya es muy raro que un boliviano cruce la frontera para atenderse u operarse gratis en nuestros hospitales”, señala el ministro de Gobierno provincial, Ricardo Villada.
También fue fortísima la caída en la cantidad de mujeres extranjeras que cruzaban el río Bermejo para parir en hospitales argentinos. Por un parto, Salta ahora cobra hasta $ 500.000 a personas de otros países. La terapia neonatal sale $ 350.000 por día.
Una operación de rodilla, entre la parte ortopédica, anestesia, cirugía y recuperación, puede costar hasta $ 35.000.000. La de cadera, incluso más.
“Para establecer el precio de las prestaciones nos basamos en el tarifario del Instituto Provincial de Salud (IPS), que es el organismo que atiende a todos los trabajadores estatales de Salta”, indica Mangione.
En Jujuy también buscarían cobrarles a los extranjeros
“Bolivia no está cumpliendo el acuerdo de reciprocidad. Ese acuerdo está vigente, es por cinco años. Una de las cláusulas fija que por cuestiones de emergencia -y define entre las cuestiones de emergencia cuando hay una situación de riesgo de vida- tienen que hacerse cargo y atender”, había reclamado el entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales, en julio de 2022.
Más allá de todas estas denuncias y reclamos, y a pesar de los amagues, nunca una provincia argentina se animó a implementar un esquema de cobro para los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos nacionales. Salta fue la primera, desde marzo.
Desde hace tiempo en Jujuy tienen planeado tarifar las prestaciones sanitarias públicas. El desafío es que es una provincia con mucha cantidad de habitantes bolivianos, ya sean legalmente radicados o indocumentados. “Los bolivianos también votan y son muchos”, reconocen en la intendencia de La Quiaca.
Clarín