Matías Ramírez, vendedor de choripanes, detenido el día de la movilización contra la ley Bases, fue uno de los primeros en contar que cuando lo llevaron al penal de Ezeiza lo pusieron contra una pared junto a otros tres detenidos, les tiraron gas pimienta, los hicieron desnudar, a él y a otro joven les dieron un cachetazo y los interrogaron: ¿En qué organización estás? ¿Cuánto te pagaron? Después de meditarlo, decidió hacer una denuncia penal. “Es que tengo una bronca tremenda”, le dice a Página/12. Pronto se supo que otras personas habían vivido situaciones similares, que las preguntas amenazantes recorrieron dependencias policiales y el penal de Marcos Paz, y que las detenciones fueron a los golpes. Su caso y otros que fueron presentados por la Procuraduría de Violencia institucional tramitan en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena y en el de Jorge Rodríguez, en Morón. El segundo ya avanza con medidas urgentes impulsadas por la fiscalía que apuntan al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que hoy depende del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
“Violencia institucional”
“El hecho que aquí se investigará se enmarca en un situación de violencia institucional, lo que obliga a la adopción de medidas urgentes con el objeto de recrear los escenarios en los que se desarrollaron y sancionar hechos de extrema gravedad que involucran obligaciones del Estado argentino frente a la vulneración de los derechos humanos de las personas en situación de encierro o a disposición de autoridades estatales”, dice el dictamen de la fiscala Mariela Labozzetta que impulsó la apertura de una investigación en base a la información entregada por la PROCUVIN y pidió investigar a los agentes penitenciarios pero dejó en claro que analizará toda posible responsabilidad. Este organismo, a su vez, había recibido una denuncia del diputado nacional Matías Molle (Unión por la Patria), quien juntó una serie de testimonios que algunos detenidos habían hecho públicos.
La fiscalía de Morón, que tiene jurisdicción para investigar lo ocurrido en Marcos Paz pidió –según pudo saber este diario– no solo la lista de quienes fueron detenidos el día de la movilización (12 de junio), sino estudios médicos que les hayan hecho antes y después de entrar al penal, los documentos del ingreso a la cárcel, copias “legibles” del libro de novedades, la preservación y entrega de las imágenes de seguridad captadas por las cámaras en el sector de ingreso y los sectores donde estuvieron alojados y otras en el área de requisa. Requirió que todos los organismos de control que pudieron haber tomado intervención (como la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación, el Comité contra la Tortura) informen si tuvieron contacto con los detenidos y/o sus familiares. Los testimonios de los afectados serán claves.
Matías Ramírez hizo la denuncia penal con el acompañamiento del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Luciano Hazan. Hizo un relato que fue entregado en el juzgado de Villena, donde contó que al llegar al penal de Ezeiza, además de ponerlos esposados contra la pared “vienen cuatro personas del SPF vestidos de negro y encapuchados”. “Y uno sin mediar palabra –siguió– nos tira gas pimienta de un lado y del otro. Y dice ‘¿estos son los piqueteros, los que querían hacer el golpe de Estado?’ Yo estaba re asustado”. Después de la papelería del ingreso, dijo, los llevaron a otro cacheo y los interrogaron: “¿Qué hacías ahí, cuánta plata te pagaron. Yo contesté que estaba trabajando ahí, que no soy de ningún partido político y viene uno y me pegó un cachetazo con la mano abierta”. Los encerraron luego con presos comunes y, relató, el personal del SPF los seguía “verdugueando”. El “jefe del penal” los volvió a interrogar, dijo.
“Ahora para colmo, aunque me dieron la libertad, me tengo que ir a presentar al juzgado del 1 al 5 de cada mes, así que voy a ir mañana (por este martes). Quiero que me devuelvan el celular y la plata mía con la que se quedaron, unos 10.000 pesos”, comentó con enojo. En efecto, Ramírez es una de las 28 personas que tienen falta de mérito por decisión de la jueza María Servini, pero que siguen investigadas.
El juez Federico Villena notificó al fiscal Sergio Mola para que dictamine y resuelva si impulsa la investigación y pide medidas, pero aún no hubo respuesta. Respecto de la denuncia de la PROCUVIN tampoco se expidió la fiscala, aunque podría hacer primero una investigación penal preparatoria. En el caso de Ezeiza, el choripanero Ramírez fue muy claro en contar que vivió la misma situación dentro de la cárcel junto con otras tres personas.
Entre los relatos que había recapitulado el diputado Molle, figuran otros recogidos por este diario, como el de Remigio Ocampo, el vendedor de empanadas que había sido detenido junto con su hija y su nieta. “En Marcos Paz uno me encaró, me quiso asustar diciéndome ‘mirá que soy malo’. Cuando nos estaban por soltar, nos gritaban que éramos unos ‘tirapiedras’. Yo le respondí que piense lo que se le cante. Cuando nos dejaron salir, nos quedamos en el medio de la nada….”.
El dictamen de Labozzetta es contundente: “El Estado argentino, al ratificar los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de adoptar todas las medidas que resulten necesarias con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como otros tratos o penas igualmente crueles, inhumanas o degradantes”. Se refiere a que Argentina debe acatar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela); las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
“Ni el DNI me devolvieron”
Gabriel Famulari, estudiante de kinesiología en la Universidad Arturo Jauretche, estuvo casi una semana preso. Le tocó el penal de Marcos Paz, donde llegó a estar en un sector de máxima seguridad. Antes pasó por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (Madariaga) y en la Unidad 28. “En todos los lugares o cuando te mandaban a ver al médico, me preguntaban en todo intimidante si pertenecía a alguna organización o partido político. Cuatro o cinco veces seguro. Dije que no milito o integro una organización, pero si lo hiciera, ¿cuál es el problema? Digo no es ilegal”, se preguntó al hablar con este diario.
El joven decidió también hacer una denuncia penal. En su caso, por la violencia con la que fue detenido por la Policía Federal. No había ido a la movilización. Fue tarde a la zona, cerca de las 20 previendo que la votación sería a la noche, y vio que no quedaba casi nadie. “Pero me crucé con una situación en la que la Policía de la Ciudad arrestaba a alguien, me dijeron que esa persona estaba en situación de calle. Me puse a filmar, me preguntaron de mala manera si era periodista. Al rato me sumé a un pequeño grupo que quedaba en Callao, me ubiqué en la vereda, saco el celular y cuando me doy vuelta me arrastran por la espalda. Me golpearon y me empujaron contra las vallas. Me lastimé el antebrazo”, relató.
Este lunes, Famulari fue a dar su presente al juzgado de Servini, como deberá hacer una vez al mes si no es sobreseído. El fiscal Carlos Stornelli, que apeló su falta de mérito junto con otras seis, apuesta a que la acusación contra manifestantes, vendedores ambulantes o gente que estaba de casualidad por Congreso no solo dure mucho sino que sea grave. Insiste en imputar delitos contra el orden constitucional y el agravante de terrorismo. Las cinco personas que siguen detenidas están procesadas por Servini por intimidación pública.
“Sentí una impotencia total. Todavía tienen mi celular y ni siquiera me devolvieron el DNI, no me lo dieron al salir del penal. Me dieron la SUBE y la tarjeta de débito. En el juzgado me dijeron que tengo que volver a Marcos Paz, me dieron un papel a nombre de mamá”, se fastidió Famulari. La denuncia sobre su detención quedó a cargo del juzgado de Ariel Lijo, que tiene también la de los diputados de Unión por la Patria que fueron atacados con gases por la Prefectura frente al Congreso, y otra de la Comisión Provincial por la Memoria. Otra presentación que hizo Ramírez por el maltrato cuando lo capturaron le tocó a María Eugenia Capuchetti. En los tribunales de Retiro especulan con que todas estas causas terminarán en el juzgado de Servini, pero no está claro aún. Los organismos que controlan condiciones de detención recibieron numerosos relatos similares de detenciones a golpes y patadas, malos tratos en las dependencias policiales, amenazas, hostigamiento, y hasta gente que durmió esposada en un patio con el argumento de que si no lo mezclaban con presos peligrosos.
Página/12