El debate sobre el Presupuesto 2025 es el proyecto más importante de lo que queda del año en Diputados. Es por eso que directivos de universidades volvieron a insistir por la revisión de las partidas, entre las relativizaciones del propio oficialismo, que propone postergar un año más la discrecionalidad de las partidas, , y la consolidación de planes de auditorías.
En el marco de la convocatoria de parlamentaria “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”, las autoridades universitarias protagonizaron la primera jornada, haciendo hincapié en el artículo 17 del proyecto del Presupuesto 2025, que fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar “gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales”, en simultáneo a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que precisará casi el doble -$7,2 billones- para afrontar salarios de trabajadores, lo que implica casi el 90% del financiamiento de las instituciones de nivel superior.
Otro artículo controversial es el 27°, que suspende para 2025 el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. El piso propuesto era del 6% del PBI, una meta que sólo se alcanzó en 2015 y que contempla también los gastos de las provincias. En contraposición, se puede observar el detalle en las partidas presupuestarias exclusivamente para Nación, desde donde se destinan los recursos universitarios: un 0,91% en 2024, lo que representa una caída del 40,2% en comparación con el año anterior según el Observatorio de Argentinos por la Educación. En 2025, este porcentaje se reduciría a un 0,88% del PBI.
El reclamo por salarios, así como en otras áreas como en salud y educación inicial, es una de las más insistidas por los sectores universitarios e implicó un nuevo plan de movilizaciones por parte de la comunidad académica: el 12 de noviembre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país.
Autoridades universitarias en Diputados
El primer directivo universitario que intervino en la jornada de comisiones en Diputados fue Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien enfatizó que el país contó con índices históricos de entre el 0,7% y el 0,8% del PBI para financiamiento universitario y en el último año esa cifra se redujo a 0,4%. “A esta altura del año, el Presupuesto prorrogado con base en septiembre del 2022 no ha sido ejecutado en las líneas de investigación y extensión”. “A nivel de comparación con otros sistemas internacionales, el prestigio de nuestros graduados es de excelente nivel profesional en la formación de investigadores y doctores”, contrastó.
Posteriormente tomó la palabra Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien citó un informe de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre del 2024: “El 42% de estudiantes universitarios pertenece al 40% de los deciles de menores ingresos, con lo cual es falso que los pobres no llegan a la universidad y no se egresan: se ha triplicado el número de egresados con la creación de universidades públicas en el conurbano”.
Luego de detallar que en su institución no se pueden inaugurar laboratorios o abrir carreras por falta de inversión en infraestructura, señaló que el 27% de reducción del poder adquisitivo de salarios docentes “es un recorte que no tiene antecedente en la democracia”. “No es tan preocupante el ataque como el desconocimiento sobre cómo funciona el sistema, por ejemplo cuando se habla de auditorías”, apuntó y explicó que se hacen informes mensuales justificando salarios, por lo que “no se puede justificar un recorte del 30%, como está ocurriendo, cuando lo único que se puede auditar en teoría es menos del 10%”.
Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad de Mar del Plata, continuó pidiendo que se prevean “incrementos en los gastos de funcionamiento para no volver a encontrarnos en marzo del 2025 a una situación similar a la de este año que generó esa movilización masiva”. “Hay carreras que requieren una gran cantidad de docentes y personal y que no tienen una masividad importante. Les pregunto, ¿queremos una Argentina sin licenciados en Física, Matemática y en Química?”, prosiguió y consideró que “la ecuación que va a dinamizar la economía argentina es capital, trabajo y conocimiento”.
Finalmente, Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, explicó que históricamente el presupuesto universitario “es una formulación que permite dar sustento a una política de Estado”. “Nada puede llevarnos a la posibilidad de cumplir con criterios de eficiencia, eficacia y de calidad si antes no se cumple con el criterio de suficiencia”, reflexionó.
Autoridades de la AGN presentaron su plan de auditorías: empezarán con la UBA
La insistencia del Gobierno nacional en la necesidad de realizar revisión de cuentas a las universidades públicas, y las trabas desde la Cámara de Diputados para determinar sus representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), impulsó a que el Congreso coordinará un plan de acción para esclarecer el destino de los fondos educativos.
Días después de la conformación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el presidente del espacio -el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal)- anticipó que el 1° de febrero empezará a “ejecutarse el programa y trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para en seis meses podamos tener un primer informe. La propuesta no es ir a buscar a ver si alguien se robó una partida sino ver cómo están las universidades”.
Tanto Pichetto como los demás integrantes de la comisión, compuesta por senadores y diputados de distintos bloques, reiteraron que el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, solicitó al ámbito legislativo que se audite la institución. En ese marco, las facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Medicina y Psicología serán las primeras instituciones a ser examinadas. “Me parece que estamos dando una respuesta efectiva”, consideró el titular del espacio.
El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, remarcó otros procesos relevantes que avanzarían en “el equipamiento y la compra en Defensa y Seguridad, que es un área donde no hubo recortes significativos; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano, teniendo en cuenta los índices de pobreza e indigencia; la gestión de las reservas de oro del Banco Central; y toda la gestión de Cammesa y la cuestión energética”.
Fuente: Ámbito