La fiscal Gabriela Baigún solicitó este miércoles la pena de 19 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, principales acusados por el intento de homicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Uliarte, se tomaron en cuenta atenuantes como la falta de antecedentes penales y la precaria red de contención social, por ejemplo, cuando sufrió la pérdida de un hijo sin el acompañamiento psicológico adecuado.
Durante su alegato, Baigún calificó los hechos como homicidio agravado en grado de tentativa. En el caso de Sabag Montiel, la acusación lo señala como autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, por violencia de género y con motivación política, además de portación ilegítima de arma de fuego.
Los peritajes psiquiátricos confirmaron que ambos imputados estaban en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. Sabag Montiel no presentaba signos de psicosis ni rasgos delirantes, mientras que Uliarte tampoco evidenció afectación en su discernimiento. Los especialistas concluyeron que ninguno de los acusados padecía un cuadro psicopatológico que los eximiera de responsabilidad, lo que refuerza la hipótesis de que actuaron de manera deliberada.
Uliarte fue considerada partícipe necesaria del mismo delito: homicidio agravado por idénticas causales y en grado de tentativa. La fiscal remarcó que el disparo no se concretó por circunstancias ajenas al atacante y subrayó que el arma era auténtica y plenamente funcional. “Sabag Montiel sabía apuntar, gatillar y dar muerte a una persona a escasa distancia”, sostuvo la representante del Ministerio Público. Concluyó subrayando que “Sabag Montiel tenía un arma de fuego de verdad, no era un arma de juguete o pistola de agua”.
Baigún aseguró que Sabag Montiel y Uliarte “actuaron de acuerdo común, con la decisión de matar a la entonces vicepresidenta”, y pidió que se los considere responsables del intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
La semana pasada, los abogados de la expresidenta pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, calificados como coautores funcionales del atentado, por el delito de “homicidio agravado” en grado de tentativa, mientras que solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo, conocido como el supuesto jefe de la “banda de los copitos”.
La fiscalía, al igual que la querella, resolvió retirar la acusación contra Carrizo al no poder acreditar su participación en el atentado. Durante la investigación no se hallaron mensajes que lo vinculen con el plan criminal, ni en las conversaciones entre Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel ni en otros registros. Incluso Sabag Montiel, en su declaración indagatoria, lo desincriminó al afirmar: “No tengo una charla con Carrizo en la cual nos implique en algún plan criminal”.
Tras los alegatos de la querella y la fiscalía, el abogado defensor de Carrizo, Gustavo Marano, solicitó la excarcelación de su cliente. Baigún expresó que, en caso de que los jueces dispusieran adelantar la excarcelación, no presentará objeciones. En la misma línea, el querellante José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Fernández de Kirchner, adhirió a la postura del Ministerio Público, allanando el camino para que Carrizo recupere la libertad en el transcurso de la jornada.
Según la fiscalía, los dos principales acusados se infiltraron entre la multitud que aguardaba en la esquina de Juncal y Uruguay, en la puerta de la casa de Fernández de Kirchner, con un arma calibre .32, cargada con cinco municiones aptas para el disparo. El hecho no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad: Sabag Montiel gatilló a centímetros de la víctima, pero la bala no salió y, cuando intentó volver a disparar, fue reducido por militantes.
En su alegato, la fiscalía incorporó la perspectiva de género y cedió un tramo a Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Labozzetta fundamentó el agravante de violencia de género en el atentado, al sostener que el ataque no solo estuvo dirigido contra una figura política, sino también contra una mujer en ejercicio del poder, en un contexto atravesado por estereotipos y discursos misóginos.
El Diario Ar