En una presentación formal ante la Legislatura provincial, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECh) ratificó su categórico rechazo al Proyecto de Ley N° 303/2026 enviado por el Poder Ejecutivo.
La entidad gremial respondió así a un requerimiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, subrayando que su postura se mantiene en línea con lo planteado el pasado 7 de marzo junto a otras organizaciones sindicales del sector estatal.
Desde la conducción de ATECh expresaron una profunda preocupación por lo que consideran una “tergiversación extraordinaria” de la normativa vigente por parte de legisladores oficialistas, asegurando que los derechos sindicales están siendo directamente atacados por esta iniciativa.
Para el sindicato docente, este proyecto no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de parámetros políticos que buscan promover en la sociedad la “supremacía de la especulación y el individualismo por sobre los principios de la solidaridad y del humanismo”.
En sus fundamentos, ATECh recordó que la Constitución Provincial y las leyes vigentes reconocen las licencias por representación gremial con goce de haberes, una situación que el nuevo marco legal pretende desconocer con lo que califican como un “accionar retrógrado”.
La organización advierte que el fin último de la medida es lograr el “debilitamiento de las asociaciones sindicales”, las cuales constituyen el último vallado de defensa para los derechos laborales y salariales de los empleados públicos.
La entidad gremial denunció además que esta política tiende al desfinanciamiento de los sindicatos y busca producir una diferenciación injustificada entre los representantes y sus afiliados. Según el comunicado, la pérdida de aportes jubilatorios y de cobertura de la obra social para quienes ejercen cargos gremiales vulnera el principio de igualdad y constituye, en la práctica, una “privatización encubierta de un sector de los empleados del Estado”.
ATECh vinculó esta intención de asfixia financiera con experiencias recientes de retenciones indebidas de aportes sindicales por parte del Estado, lo cual consideran una violación directa al artículo 32 de la Constitución de la Provincia. Finalmente, el gremio desestimó los argumentos del Ejecutivo que califican a los salarios como un costo, afirmando de manera tajante que “los salarios son inversiones, por lo tanto no deben considerarse gastos”.
Los representantes de los educadores instaron a los legisladores actuales a repasar la historia y los debates de principios de los noventa que dieron lugar al Estatuto del Docente, donde se garantizó que las licencias gremiales pagas por el Estado no fueran consideradas una “subvención de la patronal”, sino una forma de fortalecer la democracia misma. El sindicato concluyó su exposición reafirmando que, de aprobarse el proyecto, se vulneraría la previsibilidad jurídica y el desamparo salarial de la representación sindical sería inminente.