El recorte de fondos para obras de vivienda y mejoramiento del hábitat impacta en múltiples sectores de la economía. Desde ATE señalaron que el no pago de fondos por parte del Gobierno paralizó ya 1.836 convenios en actividad, afectando 103.367 soluciones habitacionales y provocando el quiebre de más de 2.000 empresas proveedoras de insumos.
“El cierre de la Secretaría y la eliminación de programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia generan un retroceso en la garantía del derecho a la vivienda”, indicaron desde el gremio. También advirtieron sobre la cancelación de proyectos internacionales financiados por organismos como el BID y el BIRF, afectando la infraestructura básica y la regularización dominial.
Según datos del sector, la crisis ha provocado la pérdida de 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos en la construcción, con 500.000 puestos en riesgo. “El Gobierno no solo atenta contra el empleo estatal, sino que empuja al colapso a toda la industria de la construcción”, remarcaron.
Desde ATE exigieron la inmediata revisión de estas medidas y convocaron a la sociedad a movilizarse contra un ajuste que, según denunciaron, destruye empleos, paraliza la economía y vulnera derechos esenciales.
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