La Argentina recibió este miércoles una nueva demanda en la Justicia de los Estados Unidos, de USD 1.300 millones, por la causa conocida como “Cupón PBI”, en la que los fondos de inversión volvieron a la carga por el perjuicio que les habría generado en sus cobros la presunta manipulación de estadísticas oficiales durante el kirchnerismo.
El país tuvo recientemente un fallo favorable en el caso iniciado en 2019 por cuestiones de forma, pero no de fondo, que ahora fueron “corregidas” por los demandantes y además puede enfrentar la semana próxima una condena en la Corte Suprema del Reino Unido.
La presentación fue realizada por Aurelius Capital junto a otros 13 fondos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Loretta Preska. “En esta nueva demanda, corrigen los argumentos presentados en la demanda original de 2019 que fue desestimada por Preska a favor de Argentina en Abril de este año”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
La causa se originó en 2019 por un grupo de fondos de Estados Unidos que afirman que un cambio de cálculos estadísticos que había implementado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el gobierno de Cristina Kirchner buscaba evitar hacer un pago a los tenedores de los bonos atados a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI).
La jueza desestimó en abril la demanda presentada en 2019 por cuestiones técnicas pero no se expresó en ese momento sobre una posible mala fe de la Argentina en cambiar la fórmula en la que estimaba su PBI antes del pago de 2013. Los demandantes ahora buscan reiniciar el caso con una “corrección” de aquellos errores técnicos señalados por la magistrada. “Existe otro caso presentado por los mismos demandantes y el Bank of New York como representante de todos los bonistas que aún sigue abierto. Este segundo juicio, por USD 6.000 millones seguramente ingresó por la puerta correcta”, advirtió Maril.
Los demandantes consideran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022. A raíz de que Preska nunca se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir sobre si hubo o no distorsión de datos oficiales, los fondos volvieron a presentarse en su juzgado en busca de obtener un fallo favorable.
La controversia por el manejo de las estadísticas públicas en la gestión de Kirchner tiene más de un frente judicial abierto. A la reciente y renovada presentación en los tribunales estadounidenses, se le suma el tratamiento del caso en la Corte Suprema del Reino Unido que tiene pendiente dictaminar sobre una demanda de USD1.500 millones.
La Justicia británica ya había condenado este año a la Argentina en los tribunales superiores pero el país apeló a la última instancia depositando una garantía de USD 337 millones, que se descontará del pago final en caso de producirse un fallo adverso la semana que viene.
Los antecedentes del caso
El reclamo comenzó porque el entonces ministro Axel Kicillof cambió el parámetro de cálculo del PBI en 2013 y los bonistas que tenían cupones ligados al crecimiento y que participaron de los canjes efectuados por el Gobierno en 2005 y 2010 Los acreedores del país afirman que se sintieron afectados al considerar que la modificación buscó perjudicarlos bajo el argumento de que este cambio buscó que el país informe datos del PBI lo suficientemente bajos como para que no se disparara el pago de este cupón.
Cuando lanzó los canjes mencionados, el gobierno kirchnerista dispuso una serie de parámetros para que se active el pago de este cupón –que no sirvió para sumar más bonistas porque el mercado lo veía en ese momento como un instrumento de escaso valor-. Estas condiciones eran las siguientes:
- El PBI informado por el Indec debía superar al crecimiento base determinado en el prospecto del canje para cada año.
- El nivel de crecimiento del PBI difundido por el organismo estadístico referido a un período respecto del anterior tenía que ser mayor a la tasa de crecimiento del PBI Base.
- El volumen total de los pagos del Estado no podía superar un total de USD 39.264 millones.
En pocas palabras, había que superar un PBI del 3,2% anual y los demandantes afirmaron que la estimación revisada les impedía acceder a sus dólares; ahora el Gobierno a través de el Indec, publicó los datos 2014-2022; allí explican que el PBI del 2014 cayó -2,2%, frente al 0,5% de crecimiento que se informó en aquel entonces.
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