Los abogados de Greenpeace apelaron el procesamiento sin prisión preventiva de 12 activistas que se instalaron en las escalinatas del Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Glaciares, el 26 de febrero de este año.
La defensa argumentó que la causa avanzó sobre una reconstrucción de los hechos que no coincide con la prueba incorporada al expediente e insistió en que la manifestación fue pacífica, sin daños ni afectación del funcionamiento del edificio.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los procesó porque consideró que existen motivos para que los militantes de Greenpeace sean investigados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público.
De acuerdo con la hipótesis del caso, los activistas escalaron las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, y luego ingresaron a un sector restringido. Distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores no se caguen en el agua la ley de Glaciares no se toca”.
En la apelación, los letrados de la ONG aseguraron que ni los testimonios, ni las cámaras de seguridad, ni el video mostraron candados ni policías en el momento en que llevaron adelante el reclamo colectivo.
Según indicaron, el procesamiento parte de una descripción de los hechos que “la propia prueba contradice”, y que esa diferencia compromete la consistencia del caso.
Los argumentos del rechazo
Sobre la acusación por desobediencia a un funcionario público, la defensa sostuvo que, para que ese delito exista, debe haber una orden directa dirigida a una persona concreta, y afirmó que durante la acción no hubo una disposición de ese tipo.
A su vez, los abogados discutieron la imputación por violación de domicilio con el argumento de que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un domicilio, a los efectos de esa figura penal. En ese sentido, remarcaron que “el Congreso no es el domicilio de nadie”.
El escrito añade que la acción fue completamente pacífica y que tampoco hubo resistencia cuando llegó la policía ni hubo afectación al tránsito, a terceros ni al funcionamiento del Congreso.
Explicaron que se trató de una intervención con inodoros plásticos y una consigna en defensa de los glaciares y el agua. Agregaron que “no hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia cuando llegó la policía”.
Otro de los ejes de la apelación se orientó a destacar que la protesta formó parte de una movilización ciudadana muchísimo más grande, con más de 102.000 personas que se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares, aunque pudieron participar menos de 200.
Agregaron que después de la sanción, casi 900.000 personas acompañaron el reclamo judicial para recuperar la protección de los glaciares. La protesta fue una expresión más de un reclamo ciudadano mucho más amplio en defensa de los glaciares y el agua.
Ahora, la Cámara Federal porteña deberá resolver el planteo de los 12 procesados, identificados como Marcos Policer, Abril Castellano, Manuela Zalazar, Sol Klausek, Juana Serra, Mailén Vaquera, Carla Guidi, Luciana Rivero, Diana Smeke, Cynthia Gallo, Iwan Romero y Pablo Blefari.
Fuente: Infobae