A pesar del aumento de denuncias, el Estado argentino desestimó los datos sobre hostigamiento, amenazas y ataques que condicionan el derecho a la comunicación. La CIDH advirtió sobre una tendencia preocupante y recordó que las voces oficiales tienen responsabilidad en no contribuir a generar riesgos para las personas.
El Estado argentino fue convocado a dar explicaciones ante la CIDH sobre el deterioro de la libertad de expresión y prensa en el país. Minimizó los reclamos con el argumento de que los hechos presentados son casos aislados. El gobierno no respondió sobre el crecimiento marcado que tuvieron los ataques a periodistas, fotógrafxs y manifestantes en estos casi dos años.
Amnistía Internacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ARGra y el CELS participaron de la audiencia en Miami junto a lxs periodistas Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes relataron los ataques que sufrieron desde que Javier Milei asumió como presidente.
Las intervenciones describieron los ataques hacia las opiniones críticas, el hostigamiento a la prensa y la utilización de la justicia penal y herramientas de vigilancia para restringir las opiniones disidentes. También, el desmantelamiento de los medios públicos, la falta de apoyo a los medios comunitarios. Las graves condiciones en las que las y los trabajadores de prensa deben cubrir manifestaciones, así como los riesgos de quienes se manifiestan en el espacio público, luego del protocolo “antipiquetes” y los operativos represivos. Todo esto en un contexto de vigilancia y control de la opinión, como sabemos luego de la publicación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional.
El rol de las autoridades
En su exposición, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños negó que existan problemas de libertad de expresión en el país. Argumentó que los ataques individuales no pueden ser adjudicados a políticas de Estado, minimizando que muchos de los ataques en línea hayan sido ejecutados por el Presidente. Además dijo que los testimonios que se brindaron eran irrelevantes para la audiencia.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, subrayó en su intervención que no estaban ante casos singulares, sino que se veía una tendencia que a la Comisión le preocupaba. “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, tomó esos dichos y contestó que para los parámetros de la Comisión “cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.
La Comisión destacó el trabajo de la prensa en la reconstrucción de los operativos represivos y la identificación de los responsables. Sin embargo, como contamos en la audiencia, “cerca de 3.000 personas resultaron heridas en las manifestaciones de 2024 y 2025. Casi 300 eran trabajadores de prensa. Solo en lo que va de 2025, las agresiones a periodistas duplican las registradas en 2024”.
Petitorio
Las organizaciones argentinas le solicitaron a la CIDH que monitoree el contexto represivo en la Argentina, que solicite al gobierno medidas que detengan los ataques contra periodistas y voces críticas. Además, que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas.
Además, pidieron una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión a la Argentina.
El pedido de audiencia también fue solicitado con AMARC, la Fundación Transparencia Activa, Innocence Project Argentina, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, REDCOM (Red de Carreras de Comunicación), el Colectivo Revista Crisis y la Fundación Heinrich Böll.
CELS