En el marco del lanzamiento del informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional alertó este martes sobre el retroceso de derechos en Argentina durante la gestión de Javier Milei, aunque destacó que no es un hecho aislado en el mundo sino que el “efecto Trump” lo profundizó en otras latitudes.
En el documento, bajo el título “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, la organización no gubernamental señaló que durante el primer año de Milei hubo una acelerada involución en los derechos a la libertad de expresión, de acceso a la información y a los denominados derechos económicos y sociales, como consecuencia de las políticas de ajuste y prácticas autoritarias.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien agregó: “La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.
El informe expresa que hubo un aumento de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales.
En este contexto, la ONG explicó que el retroceso en derechos económicos y sociales es producto del ajuste y la eliminación de programas sociales, reducción de presupuesto y el cierre de organismos en áreas de salud, educación, género y derechos humanos.
En esa línea, destacaron como un punto crítico la situación de los jubilados. “Quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza”, apuntaron y cuestionaron la quita de la cobertura en medicamentos.
Otro aspecto que subrayaron fue la profundización de la desigualdad y exclusión “afectando especialmente a mujeres, personas LGBTQI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos”.
En el ítem vinculado a la libertad de expresión, denunciaron “el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado ‘protocolo antipiquetes’, que derivó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y ataques a trabajadores de prensa”.
Finalmente, remarcaron un deterioro de la calidad democrática. “El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura”, indicaron. Y, en relación al acceso a la información, señalaron que “prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas”.
El “efecto Trump” y el deterioro en el mundo de los derechos sociales y económicos
A nivel internacional, Amnistía Internacional advierte que la situación en Argentina no es una excepción. El llamado “efecto Trump” profundizó el “avance global de prácticas crueles” durante 2024, caracterizada por la mezcla de “prácticas autoritarias y codicia empresarial”.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada”, sostuvo Mariela Belski.
La ONG indica que la embestida de Donald Trump contra principios clave como el multilateralismo, el derecho al asilo, la justicia racial y de género, la salud global y la acción climática no sólo está agravando daños preexistentes, sino que también incentiva a otros líderes y movimientos antiderechos a seguir su ejemplo.
“Gobiernos de todo el mundo buscaron evadir mecanismos de rendición de cuentas, consolidar su poder e infundir miedo. Para ello, recurrieron a medidas como la prohibición de medios de comunicación, la disolución o suspensión de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, y el encarcelamiento de voces críticas mediante acusaciones infundadas de ‘terrorismo’ o ‘extremismo'” destacaron. Además, señalaron que se intensificó la criminalización de quienes defienden los derechos humanos.
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