El informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado en abril de 2026 por Amnistía Internacional, dedicó un apartado especial a la República Argentina en el que documentó un alarmante deterioro de las garantías fundamentales durante el año 2025.
El organismo señaló el aumento de las barreras para acceder al aborto, la persistencia de altos índices de femicidios y violencia de género, la represión violenta de las protestas sociales, y un severo ajuste económico que afectó especialmente a las personas mayores y a quienes tienen discapacidad.
Salud sexual y reproductiva bajo ataque
Uno de los puntos más críticos del informe es el retroceso en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Amnistía Internacional denunció que el gobierno nacional desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, que había logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49 por ciento en los cuatro años anteriores. En 2025, el presupuesto de ese plan sufrió una reducción del 86 por ciento en términos reales.
Además, la organización reveló que la compra y distribución estatal de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto legal estaba interrumpida desde diciembre de 2023, y que la cantidad de anticonceptivos distribuidos a las provincias se redujo un 81 por ciento entre 2023 y 2024. Como consecuencia, Amnistía Internacional recibió casi el cuádruple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto en 2025 en comparación con todo el año anterior.
Femicidios y violencia de género
La violencia machista también fue motivo de grave preocupación. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación citados por el informe, durante el primer semestre de 2025 se registró un femicidio cada 35 horas. Pese a la magnitud de la crisis, el gobierno eliminó 13 programas fundamentales para combatir la violencia de género, incluidos los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres en situaciones extremas.
El informe también destacó un aumento del 70 por ciento en los crímenes de odio contra personas LGBTI durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, y citó declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de enero, donde asoció la homosexualidad con la pedofilia.
Represión de protestas y violencia policial
Amnistía Internacional documentó una escalada en la represión de las manifestaciones pacíficas. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron al menos 1.341 casos de personas heridas presuntamente a manos de agentes estatales, de las cuales 155 eran personas mayores y 184 trabajaban en prensa. Al menos dos personas sufrieron impactos de bala de goma en la cabeza y el rostro.
El informe menciona dos casos emblemáticos: el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una movilización de jubilados en marzo; y el de Jonathan Navarro, que perdió el ojo izquierdo tras recibir un disparo de un arma de impacto cinético efectuado por un agente de la Prefectura Naval en la misma protesta.
Vigilancia sin control judicial
Uno de los puntos más novedosos del informe es la denuncia sobre la implementación de mecanismos de vigilancia sin orden judicial. Mediante el Decreto 383/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional facultó a la policía federal para vigilar a las personas en redes sociales, acceder a bases de datos estatales, realizar requisas y detener personas con fines identificatorios hasta por 10 horas, todo ello sin intervención de un juez.
Además, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 reformó el sistema de inteligencia y concentró más poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado, ampliando su capacidad para acceder a datos personales y operar sin control judicial, lo que —según la organización— aumenta el riesgo de vigilancia ilegítima y uso discrecional de la información.
Ajuste económico y derechos sociales
La situación económica también fue objeto de críticas. Amnistía Internacional señaló que las medidas de austeridad afectaron principalmente a las personas mayores y a quienes tienen discapacidad. La pensión mínima no cubría las necesidades básicas y más de tres millones de personas mayores vivían en situación de pobreza. El presidente vetó por segunda vez una ley que aumentaba el poder adquisitivo de las pensiones.
El presupuesto destinado a las universidades para 2025 fue un 6 por ciento menor en términos reales que el del año anterior, acumulando una reducción del 29 por ciento desde 2023. El Congreso rechazó el veto presidencial a una ley que aumentaba la financiación universitaria, pero el poder ejecutivo ratificó que no aplicaría esa ley.
Política ambiental negacionista
Por último, el informe calificó de “sumamente insuficientes” las políticas y objetivos climáticos de Argentina, incompatibles con el límite de aumento de temperatura de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París. Los subsidios a las empresas hidrocarburíferas representaron 93 veces el importe de los fondos destinados al fomento de energías renovables y eficiencia energética.
El documento completo, que abarca la situación de los derechos humanos en 144 países durante 2025, fue presentado por Amnistía Internacional en abril de 2026 y está disponible en su sitio web oficial.