En la previa del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que advierte sobre un deterioro sostenido de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina.
La presentación fue enviada a distintas relatorías del organismo regional y de Naciones Unidas, y señala tres preocupaciones centrales: el hostigamiento y las agresiones contra periodistas; el uso de herramientas judiciales para presionar o disciplinar voces críticas; y las restricciones al acceso de la prensa a la Casa Rosada.
“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien advirtió que estos ataques impactan en el conjunto del debate público y pueden generar un efecto de silenciamiento.
El informe también pone el foco en la situación de las mujeres periodistas y advierte que enfrentan formas de violencia más intensas, con descalificaciones personales y mensajes que refuerzan estigmatizaciones. Este escenario puede profundizar la autocensura y agravar las desigualdades en el ejercicio del periodismo.
Otro de los puntos centrales es la preocupación por la judicialización de la crítica. Amnistía Internacional señala el uso de demandas penales y civiles como mecanismo de presión, en particular las denominadas SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública), que aunque no prosperen, generan desgaste económico y un efecto inhibidor. En ese marco, destacó como antecedente positivo el fallo que desestimó la denuncia por calumnias e injurias impulsada por Milei contra el periodista Ari Lijalad, al considerar que refuerza la protección de las opiniones sobre asuntos de interés público.
En otro fragmento, alertó sobre las restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada. Entre ellas, mencionó el cierre de la sala de periodistas y la deshabilitación de accesos para corresponsales, medidas que calificó como desproporcionadas y que afectan el derecho de la sociedad a recibir información.
Frente a esta situación, Amnistía Internacional solicitó a la CIDH que exhorte al Estado argentino a evitar discursos criminalizantes contra la prensa y a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. Además, pidió que se evalúe el envío de una misión al país para monitorear la situación y elaborar recomendaciones específicas.
Por último, remarcó que la libertad de expresión no solo protege a periodistas y medios, sino también el derecho de toda la sociedad a informarse, y advirtió que las prácticas señaladas pueden comprometer ese principio fundamental.