En diálogo con CIUDAD TV, el presidente de la Federación Económica del Chaco aseguró que se debe fortalecer la interacción entre el sector privado y el público para atraer inversiones. A su vez, destacó la capacidad de resiliencia de los empresarios pymes ante escenarios adversos. Insistió en el reclamo por la carga impositiva.
El presidente de la Federación Económica del Chaco, Alfredo González, destacó este martes la capacidad de reinvención y resiliencia de los empresarios pymes del norte del país ante escenarios adversos y consideró que se debe avanzar con el fortalecimiento de la interacción entre el sector público y el privado para atraer inversiones a la provincia del Chaco.
“De reinventarnos en el sector privado, nosotros podemos dar clases. El empresario pyme argentino y principalmente del norte, el poder de resiliencia y de reinvención que tiene es enorme. ¿Qué nos van a hablar hoy como que hay que reinventarse?, sostuvo González. En ese sentido, graficó: “sí, yo me reinvento, reacomodo mis costos, todo lo que quiera”, pero reclamó: sacáme la mochila encima”, en referencia a que aún persiste una carga impositiva del 55 por ciento sobre el sector privado.
En ese contexto, el presidente de Fechaco destacó que con la reducción de Ingresos Brutos, “la única provincia que ha bajado impuesto real al sector productivo es la provincia del Chaco; después no hay otra provincia”.
Por otro lado, González ponderó el acompañamiento del Nuevo Banco del Chaco al sector privado. “Es un aliado fundamental para nosotros y a la vez tenemos una apertura y un trabajo en conjunto”, recalcó.
Detalló la existencia de grupos de trabajo permanentes con distintas cámaras —como Unicobros— y con la tarjeta propia de la federación para monitorear beneficios y herramientas de manera continua. Sobre el programa Chaco Construye, precisó que “ya el banco invirtió más de 2.500 millones” y que el esquema se prolongará un mes más, remarcando que ese dinero “quedó en la provincia”.
También mencionó el desarrollo del mercado de capitales a través del banco, que permite a pymes chaqueñas emitir obligaciones negociables para autofinanciarse, y recordó que la primera empresa del país en emitir una obligación negociable fue LIPSA, de Charata, “que fue la primera y fue un ejemplo a nivel nacional”.
Estadística de la actividad económica en el Chaco
Consultado sobre el informe positivo que había difundido la CAME —que marcaba una mejora vinculada al Mundial y a la temporada invernal en rubros como farmacias y textiles—, González aclaró que se trata de una medición nacional que no siempre refleja la realidad de las economías del interior. “El informe de CAME es una media que se hace a nivel nacional, donde indudablemente influyen mucho las grandes ciudades”, explicó, y detalló que la federación viene trabajando desde hace casi un año en su propio relevamiento provincial, el informe del IPAI, que mide las ventas del Chaco en relación a la parte productiva y que recién comenzaron a publicar hace dos o tres meses. Según adelantó, el informe nacional dio “un positivo 0,9” con algunas variaciones, mientras que el dato específico de la provincia se conocerá el fin de semana. En ese marco, celebró además el dato reciente de exportaciones provinciales, que crecieron cerca de un 47%.
La falta de interacción entre el sector público y el privado
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el reclamo de Fechaco por una mayor articulación entre el Estado y el sector privado a la hora de recibir misiones extranjeras e impulsar inversiones. González contó que distintas embajadas —mencionó a la Unión Europea y a la India— ya anticiparon visitas protocolares al gobierno provincial y, en simultáneo, a la federación. Basado en su experiencia como directivo de CAME y en viajes a Europa, sostuvo que “los gobiernos europeos no atienden a los gobiernos de otros países si no vienen con la parte privada” y que, sin una agenda que incluya al sector privado, “no hacen convenios”. “Si no, ¿quién va a invertir? ¿El gobierno va a invertir en las empresas? Eso ya pasó, no es así. Los que invierten son los privados”, remarcó, y consideró que esa falencia se repite en distintas provincias argentinas, no solo en el Chaco, generando reuniones protocolares sin acompañamiento real ni continuidad de trabajo conjunto.
ARCA, embargos e informalidad
Consultado sobre denuncias de persecución fiscal por parte de ARCA (ex AFIP), González matizó el planteo: “No creo que sea persecución en ARCA, no creo que sea persecución, es inoperancia nada más del sector público cuando genera estas acciones”. Explicó que muchas pymes utilizan la retención de impuestos como forma de financiamiento de corto plazo, pero que ese margen es mínimo frente al de las grandes empresas: “¿Me voy a autofinanciar con un impuesto de 5 o 10 millones por mes? No sobrevivo con eso, simplemente me autofinancio para poder seguir y estar dentro de la regla”. Reconoció que la presión de los embargos derivó en cierres de empresas en la provincia, que “se pasan a la informalidad”, y afirmó que más del 50% de la microeconomía argentina opera en negro porque “siempre y cuando siga siendo atractivo estar dentro de la informalidad” el fenómeno no se va a revertir.
Importaciones, contrabando y el caso de Perú
El titular de Fechaco se refirió también a la apertura de importaciones y su impacto en el comercio formal, señalando que buena parte de esos ingresos de mercadería —dio como ejemplo compras de hasta 3.000 dólares mensuales— “se vuelca directamente a la informalidad comercial”. Consultado por experiencias de otros países que aplican tasas a ciertas importaciones, planteó que “la regulación en ese sentido hay que hacerla, porque no podemos competir contra un gobierno” en referencia a la disputa comercial con economías de mayor escala. En ese contexto, citó el caso de Perú como ejemplo a evitar: un país con “70 por ciento de la economía en negro” pese a la estabilidad de su Banco Central, y remarcó: “Eso no queremos nosotros para nuestro país, queremos seguir estar dentro de la formalidad”.
Expectativas para el segundo semestre
Sobre las perspectivas económicas, González señaló que “nosotros más allá de la expectativa, queremos tener certidumbre”. Señaló que la macroeconomía todavía no logra traducirse en mejoras para la microeconomía, ya que los dólares generados por un puñado de sectores no se están volcando a la producción ni al consumo interno. Remarcó la fuerte dependencia del empleo público en provincias como el Chaco —”casi el 90% de la masa salarial”, según recordó que suele señalar el gobernador— y la necesidad de que el sector privado traccione en conjunto para mejorar las condiciones de inversión, no solo para capitales extranjeros sino también para inversores de otras provincias argentinas.
El proyecto de emergencia pyme en la Legislatura
Respecto de la iniciativa legislativa que promueve declarar la emergencia pyme —con una reducción del 50% en tarifas de energía y agua, nuevos planes de pago de deudas provinciales y préstamos subsidiados a través del Banco del Chaco—, González explicó que la federación ya fijó postura ante los diputados que impulsan el proyecto. “Nosotros en la provincia no creemos que sea conveniente el título de emergencia”, sostuvo, al considerar que ese rótulo, aunque políticamente efectivo, complica después el acceso al financiamiento nacional e internacional. Pidió además un esquema equilibrado de beneficios: “El gratis alguien lo paga”, advirtió, y remarcó que cualquier beneficio debe ir acompañado de una contrapartida de desarrollo por parte de las propias pymes.
El debate por la regionalización salarial
Finalmente, se refirió a los planteos que proponen regionalizar los salarios en función del costo de vida de cada provincia. González fue tajante: “La Constitución es clara, mismo trabajo, misma remuneración, no puede saltar la Constitución”. Explicó que bajar salarios locales para igualar costos regionales terminaría profundizando la caída del consumo interno, y defendió el rol de los sindicatos en la defensa del salario, aunque remarcó que las pymes deben poder ajustar su dotación de personal sin perder por eso previsibilidad jurídica.
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