El Senado aprobó la suba de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. Por otro lado, dio media sanción a las dos iniciativas de los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.
Estos proyectos tuvieron voluntades de la mayoría de la oposición, que se reunió en contra del Presidente y consiguió – en algunos casos – más de 48 votos a favor. Este número representa los dos tercios de la Cámara Alta. Es decir, si Milei veta los proyectos, hay posibilidades de que los bloques – con el apoyo de los gobernadores – logren mantener la ley.
Frente a este panorama, el Gobierno adelantó estudia judicializar las iniciativas de la oposición con el principal argumento de que “el superávit fiscal es permanente”.
“¿Saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, aseguró Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sin embargo, más de un abogado constitucionalista sostiene que esto no es viable.
“La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano”, sostuvo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.
Además, agregó: “Sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional. En la cual, además, el que promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación”.
En la misma línea opinó el abogado Diego Armesto, en diálogo con TN: “Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Es más, si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional”.
Asimismo, explicó que si los senadores y diputados insisten con los proyectos y logran los 2/3 luego del veto, estos se convierten en ley: “No existe la posibilidad de hacer un planteo judicial para decir ‘miren, ellos están usando una facultad que está en la Constitución y está mal’”.
Por último, Mariano Bar aseguró que una persona “siempre puede ir a presentar una demanda ante la Justicia”. No obstante, para el abogado especialista en Derechos Humanos, eso no significa que le den la razón a ese individuo: “Además, directamente te pueden decir ‘mire señor esto que usted presenta ni siquiera lo vamos a tratar porque es ridículo’”.
“Quizás Milei quiera ir a la Justicia y no demandar a nadie, sino pedir -por ejemplo- una acción declarativa o de certeza”, indicó. Este recurso existe para cuando la gente no reclama que se le produjo un daño, sino que existe una ley que quiere que se aclare porque el cómo se está utilizando sí le genera un perjuicio.
Aunque, para Bar, este caso tampoco es aplicable a la situación del Gobierno: “Tampoco corresponde porque ahí la Corte Suprema va a decir que su función es resolver casos contenciosos. No es un órgano asesor jurídico”.
El ejemplo que mencionó el abogado, y que también trajeron a colación los demás especialistas, fue el de Cristina Kirchner durante la pandemia. En ese momento, la exvicepresidenta le pidió al máximo tribunal que avale la posibilidad de que el Congreso tenga sesiones de manera virtual sin modificar el reglamento.
A pesar de ello, los ministros de la Corte rechazaron el pedido por unanimidad y sostuvieron que “no correspondía la intervención del Tribunal por la causal de ausencia de caso o controversia”. Además, no podían involucrarse en otro poder.
“La Justicia a Milei le va a decir que vaya a su casa, porque esto no es una cuestión que puedan resolver ellos. No dictan leyes ni deciden el contenido de ellas, eso lo hace el Congreso”, sentenció Bar.
Y cerró: “Es básico: el Poder Legislativo legisla, y el Ejecutivo ejecuta las leyes. No puede elegir qué leyes ejecuta, las tiene que ejecutar porque esa es su única función”.
TN