Mientras sigue el compás de espera por la vuelta atrás en las modificaciones de Ganancias que permitiría paliar la caída de la coparticipación, los gobernadores intentan negociar con la administración de Javier Milei diferentes puntos de las medidas que impulsa la Rosada y que entienden que afectan a las provincias.
El caso más reciente es el de la reforma pesquera, en el que después de los reclamos de los mandatarios patagónicos y de Tierra del Fuego, la Nación admitirá que habrá una “revisión”.
El funcionario que sigue recibiendo a los gobernadores y tomando nota de los reclamos es el ministro del Interior, Guillermo Francos. En los últimos días recibió al tucumano Osvaldo Jaldo; al santafesino Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres (Chubut). Todos fueron con planteos propios y algunos compartidos con colegas de otras provincias.
En ninguna de las normas promovidas por el Ejecutivo hay una mención a la reforma de la coparticipación, punto que está en mora desde la reforma constitucional de 1994. El constitucionalista Antonio María Hernández considera que no tener mayoría en el Congreso no es argumento para evitarlo y refiere que en los gobiernos de Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín se lograron leyes “útiles e importantes”. Añade que “gobernar por decreto y en emergencia afecta siempre el federalismo”.
Hay aspectos en los proyectos que provocan más rechazos que otros. Algunos porque afectan las finanzas provinciales -como es el financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos a la Nación- y otros en los que los gobernadores tienen la presión de sectores productivos locales, como es el caso de la suba de retenciones o la desregulación de biocombustibles y del azúcar.
Hasta ahora, salvo el caso de la pesca, no hay señales de parte de la Rosada de aceptar cambios en los textos que envió al Congreso o en aspectos incluidos en el DNU. Salvo el mandatario riojano Ricardo Quintela que pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el decreto, sus pares (incluso los peronistas kirchneristas) eligen la vía del diálogo.
La decisión de Quintela no fue consultada, admitieron los otros gobernadores de provincias peronistas a LA NACION, y abre una incógnita respecto de qué posición tomarán los diputados nacionales de esas jurisdicciones que, aun teniendo el mismo signo partidario, mantienen otro vínculo hasta el momento con la Rosada, como es el caso de Catamarca, Tucumán y hasta Santiago del Estero.
Cajas de jubilaciones no transferidas
El proyecto de ley ómnibus dispone que todos los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) pasen a manos del Tesoro nacional y salgan del patrimonio de la Anses. Son unos US$5.600 millones que le permitirían a la Anses cancelar la deuda que mantiene con los 13 sistemas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación.
Córdoba, Santa Fe y Corrientes el año pasado fueron a la Corte Suprema de Justicia con ese reclamo. Además, las provincias vienen reclamando la actualización del financiamiento nacional ya que la gestión anterior directamente no cumplió con lo fijado en el presupuesto que implicaba seguir la fórmula de movilidad previsional.
Además, si Nación logra su pretensión de suspender esa fórmula también deberá consensuar con las 13 provincias cómo actualizará los giros mensuales a esas cajas.
Retenciones
Más allá de que la Secretaría de Bioeconomía dio marcha atrás con la suba de retenciones a 18 economías regionales, se mantienen los incrementos a algunos de los principales complejos del agro y los gobernadores de las provincias afectadas vienen planteando su oposición.
Los de la región centro -Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba)- defiende a las producciones de sus distritos y reclaman una revisión del proyecto, además de oponerse a que se le delegue al Ejecutivo el manejo del tema por todo su mandato. Los cuyanos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) tienen el mismo planteo por el alza de hasta el 8% las retenciones a las exportaciones del sector vitivinícola.
Biocombustibles
La iniciativa del gobierno da libertad a las comercializadoras de combustibles a adquirir libremente biocombustibles “pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos”. También deroga los artículos que regula y define qué empresas deberán ser las que abastezcan al consumo local con lo que habilita a sumarse sin restricciones a aquellas que exportan bios o subproductos de la materia prima.
En este tema Santa Fe, donde está la mayoría de las Pymes productoras de biodiésel y Tucumán por bioetanol serían las más afectadas. Las petroleras le compran en la actualidad a estas empresas porque las cerealeras que producen bios no pueden vender en el mercado interno.
“Ley de tierras”
En el DNU se establece la eliminación de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras (comúnmente llamada “ley de tierras”) que limita la participación de extranjeros en la propiedad. Este punto genera inquietud en los mandatarios de jurisdicciones mineras.
La Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” lo que significa que cada provincia debe encargarse de la regulación particular pero el Estado nacional resuelve las políticas en general.
Importación de azúcar
La “preocupación” por la apertura a las importaciones de azúcar fue planteada por el tucumano Jaldo al ministro Francos por entender que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en su provincia.
El proyecto en el Congreso deroga la ley 25.715 que, según entienden el gobernador y los distintos eslabones de la cadena productiva, atenta contra la “preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial”. Desde el Centro Azucarero Argentino indicaron que es uno de los mercados más regulados del mundo por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo, mientras que los productores locales no son subsidiados.
Lo que no está
No está en las desregulaciones planteadas por Milei, pero la diputada nacional de Córdoba Alejandra Torres (Hacemos por Nuestro País, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal) planteó que deberían corregirse aspectos de la organización federal como transferir a la CABA la Inspección General de Justicia (IGJ) y el ENRE, a la vez que cuestionó el mantener paritaria docente nacional cuando los educadores son empleados provinciales.
Sí está el traspaso de la Justicia Nacional a CABA, lo que venían pidiendo las provincias para quedar equiparadas. Para Hernández, “la incorporación del tema es asegurar la autonomía plena” de la ciudad. “Ese sí es un aporte al federalismo; también hay que trasladar la IGJ y la dirección de Inmuebles y de Aysa”, agregó.
Los gobernadores patagónicos también reclamaron la necesidad de terminar con que YPF retenga “áreas maduras” (las que llevan varias décadas de explotación). Sostienen que, de seguir esa situación, abrirán el juego a otras empresas.
La Nación