El fiscal ecuatoriano César Suárez que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado a tiros en medio del “conflicto armado interno”, decretado por el Gobierno de Ecuador para atajar la espiral de violencia desatada la semana pasada por grupos del crimen organizado.
Suárez, como todos los días, salió de las dependencias de la Fiscalía en la tarde del miércoles. Sin darse cuenta, mientras se movilizaba en su vehículo, otro auto lo siguió de cerca: eran los sicarios que atentarían minutos después contra su vida.
Cuando llegó a la calle de Los Ceibos, en el norte de la ciudad ecuatoriana, uno de los hombres disparó en repetidas ocasiones al vehículo del fiscal Suárez fue acribillado.
Luego del asesinato, residentes de un barrio en el norte Guayaquil denunciaron el incendio de un vehículo. De acuerdo con testigos, el hecho no ocurrió de manera accidental sino que fue causado por un grupo de hombres que lo incendiaron.
Las autoridades ecuatorianas creen que el auto fue utilizado en el asesinato del fiscal.
Suárez llevó en el pasado importantes indagatorias por corrupción en hospitales y también tenía a cargo el caso Metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios, fue acribillado a tiros cuando circulaba en un vehículo a través de la ventana del lado del conductor.
Entre los procesos que manejaba el fiscal, uno de corrupción hospitalaria en el que también está involucrado Daniel Salcedo, detenido la víspera en Panamá y sobre quien el presidente de la Corte Nacional de Justicia inició los trámites para su pedido de extradición.
Salcedo también está mencionado en los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero.
La Policía aseguró en un chat de periodistas que se encuentra desplegada para dar con los responsables.
“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad; continuaremos con fuerza”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, en un video difundido en la cuenta de la red social X, antes Twitter, en el que aseguró que el hecho “atroz” trae “un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”.
La Fiscal General hizo un llamado a que se garantice la seguridad de los fiscales y para que las autoridades judiciales autoricen que las audiencias se realicen de manera telemática.
En torno al asesinato de Suárez, dijo que se realizan las diligencias en el lugar del hecho para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.
El hecho ocurre horas después de que la policía allanara una vivienda en un exclusivo sector de la capital, Cumbayá, e incautara 75 armas largas y 33 cortas de diferente calibres, así como municiones e instrumentos para realizar recargas de los proyectiles.
El director de investigación de la Policía Judicial, coronel Galo Erazo, detalló a la prensa que también fue detenido un adulto mayor de nacionalidad ecuatoriana-estadounidense, quien —aseguró— no pudo justificar la tenencia del arsenal ni contaba con los permisos respectivos. Las investigaciones siguen para establecer si tiene “vinculación” con alguna organización criminal.
La víspera la policía informó que encontró unos 130 tacos de dinamita que se habían colocado cerca de una estación policial y un popular mercado del centro de la capital.
Todos estos hechos tienen lugar en medio de un estado de emergencia decretado la semana pasada tras una serie de ataques violentos que las autoridades adjudican a grupos criminales y del narcotráfico que operan dentro y fuera de las cárceles.
La escalada de violencia se desató tras la desaparición de un importante narcotraficante, líder de la peligrosa agrupación criminal Los Choneros, Adolfo Macías, alias “Fito2, quien estaba recluido con una condena de 34 años en una cárcel de Guayaquil por asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico. Las autoridades ofrecen una recompensa por información que permita su localización.
Ante la situación las clases en el sistema educativo de todo el país siguen en modo virtual durante esta semana, dispuso el Ministerio de Educación mientras la Unión Nacional de Educadores —el gremio de los maestros de escuelas públicas— reportó que personas no identificadas irrumpieron en las clases en línea, emitiendo amenazas a estudiantes y docentes, ante lo cual se tomaron medidas de seguridad, agregó.
En el más reciente balance sobre las acciones policiales y militares durante el estado de excepción, las autoridades informaron que hasta el momento se han realizado 20.849 operativos que han dado con la detención de 1.945 personas, de las cuales —indican— 158 enfrentan cargos por presunto “terrorismo”.
Infobae