La situación se remonta al año 2022, cuando la Municipalidad de Barranqueras en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente, realizaron un acto de entrega de trámites del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) a vecinos del barrio Ex Japonés, quienes fueron censados previamente, tal como indica el proceso para la entrega.
Éste se basa en un censo presencial que acredite quiénes habitan la vivienda y cómo se conforma el grupo familiar. Cabe mencionar que, durante el censo en el barrio Ex Japonés, el personal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente constató que la familia Maidana habitaba el lugar, dejando constancia de ello.
Sin embargo, cuando se desarrollaba el acto de entrega, se hizo presente una mujer de apellido Sosa, quien manifestó que ella sería la titular del certificado RUBH porque la propiedad le correspondería a su pareja ya fallecida.
Tomando conocimiento del asunto, las autoridades municipales y del Ministerio, decidieron no otorgarle a esa familia el certificado, hasta tanto se puedan disipar las dudas y reclamos presentados.
En consecuencia, mediante la solicitud de información al Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente, la intendente Magda Ayala y la secretaria de Obras y Servicios Públicos Vanesa Jarolin, tomaron conocimiento de que en el año 2013, la señora de apellido Sosa, habría iniciado por motivación propia los trámites para que se le otorgara el certificado RUBH, ya que los operativos para el censo y el otorgamiento de estos documentos no se realizaron hasta tanto inició la gestión de la intendente actual.
Es importante remarcar que no se realizó la entrega del certificado a ninguna de las dos familias, ni a Maidana ni a Sosa, por encontrarse su caso en pleno proceso judicial, proceso que más tarde arrojaría el fallo que ordena el desalojo de la familia Maidana del lugar.
Dada esta situación, el equipo del Municipio de Barranqueras se puso inmediatamente a disposición de la familia Maidana para poder acompañarlos mediante la asistencia social y profesional sobre este tema, considerando que si bien ellos hacen uso de la propiedad, legalmente la señora Sosa solicitó muchos años antes que se le otorgue a su nombre el certificado RUBH de la misma propiedad.
A pesar del acompañamiento brindado por parte del municipio de Barranqueras, la situación se encuentra en manos de la Justicia, por lo que el Municipio no puede intervenir más de lo que ya lo hizo y sigue haciendo, asistiendo a la familia Maidana.
La legitimidad de los certificados RUBH no está en discusión: no es el municipio quien los otorga sino el Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente, una política que promueve la regularización dominial mediante la gestión que lleva adelante la intendenta Ayala, en este caso con el Ministerio conducido por Marta Soneira.
Lo acontecido con la familia Maidana y Sosa representa un caso particular de intereses cruzados, y que la justicia ya se encuentra atendiendo.