La medida fue adoptada por la magistrada María Eugenia Bona, titular del Juzgado Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción.
El ministro de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, hijo del actual gobernador, decidió acatar la resolución judicial, aunque advirtió “formular expresa reserva, que ante cualquier eventual perjuicio que pudiere sufrir el Estado Provincial en virtud de la decisión adoptada, se instará judicialmente los procesos legales pertinentes a los efectos de determinar la responsabilidad civil y penal de Claudio Javier Poggi y la jueza María Eugenia Bona”.
El fallo alcanza al Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, agencias, y sociedades de las que el Estado sea parte.
Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, Roald Cattaneo, calificó la medida como una “intromisión del Poder Judicial”.
En tanto, para la cartera de Obras Públicas e Infraestructura el fin perseguido no es otro que el de “paralizar la función pública provincial y cercenar las atribuciones constitucionales conferidas al Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis”, lo que va a generar “un enorme perjuicio al pueblo” puntano.
“Lo que buscan es maniatar las activas políticas sociales en beneficio de los que menos tienen para vulnerar la fuente laboral de todos los trabajadores que en la actualidad dependen de la obra pública como sustento económico para sus hogares. Es decir, si no se ejecutan obras porque las mismas se paralizan, el correlato directo es la generación de desempleo”, aseguraron desde ese ministerio.
Fuente: Télam