El fin de esta semana se conjugará con el de una tradición de la Argentina: ser un país con cultura previsional, en el que más del 90% de los mayores de 65 años tienen derecho a un haber jubilatorio. El domingo 23 de marzo vence la moratoria que permitía a personas en edad jubilatoria “comprar” los años de aporte necesarios para acceder a una jubilación, y el Gobierno manifestó públicamente que no la prorrogará ni abrirá una nueva.
Así, cada año alrededor de 200.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse, el 70% mujeres. Con facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, expertos alertan que el Ejecutivo podría avanzar en más reformas estructurales por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.
Según el análisis del informe sobre Densidad de aportes al sistema previsional elaborado por Anses, dentro de la cohorte de varones que cumplió 64 años en 2024 (187.044 personas), solo el 42% accederá a una jubilación por contar con aportes completos. En el caso de las mujeres que cumplieron 59 años (216.022 personas), el panorama es aún más complejo: apenas el 17% tendrá derecho a una jubilación contributiva este año.
“Es una reforma previsional de hecho”, sentencia Víctor, miembro de Jubilados Insurgentes, en diálogo con elDiarioAR. Victor tiene 72 años y trabaja desde los doce en talleres, como cadete, e incluso en fábricas donde sus empleadores no le derivaron los aportes y no logró cumplir los 30 años necesarios a sus 65. Como se jubiló en 2018, cuando Mauricio Macri ya había creado la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y restringió las moratorias previsionales solo a mujeres vía la reforma previsional, no pudo acceder al derecho a jubilarse.
En marzo, cobró una PUAM de $293.297 ($223.297 más un bono de $70.000) y calcula –dice que no está seguro, que entra la plata y la gasta y no cuenta mucho sus ingresos– que contó con unos $300.000 más por su trabajo como vendedor ambulante. “Debo vivir con $600.000 por mes. Por suerte tengo mi casa y estoy bien de salud, tengo algún problema de próstata, pero cualquier estudio que me hago me desbalancea todo el mes”, agrega y remata: “Es una catástrofe para los trabajadores. Se los quiero advertir, muchos van a tener que trabajar hasta que te den los huesos, como yo”.
Certificado de pobreza
El impacto de la primera moratoria previsional, entre 2003 y 2010, derivó en que la cantidad de jubilaciones y pensiones del sistema nacional pasara de 3,2 millones a 5,6 millones. Posteriormente, se implementaron tres moratorias adicionales en 2014, 2019 y 2023, esta última con vencimiento el 23 de marzo
Caído el régimen vigente, la alternativa para los adultos mayores que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos será aplicar al cobro de la PUAM –creada en 2016 por la Ley 27.260–, que representa un 80% del haber mínimo.
Una de las críticas que analistas previsionales le hacen a la PUAM, tiene que ver con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales para su acceso. “Tuve que presentar un certificado de pobreza”, recuerda Víctor. Los aspirantes no deben tener ingresos brutos anuales mayores a $3,5 millones; gastos que no deben superar en más del 30% de ese monto, y vehículos de un valor 1,5 veces mayor que el ingreso permitido.
Además, la PUAM “es un beneficio asistencial, no da derecho a pensión”, asegura el abogado previsional Facundo Fernández Pastor en diálogo con este diario. A diferencia de otras asignaciones sociales, “si una mujer cobra una PUAM y fallece su esposo que cobraba jubilación o pensión, tiene que elegir entre la PUAM y la pensión. Si fallece ella, la PUAM se termina”.
El investigador principal del CIPPEC Rafael Rofman celebra esta herramienta pero asegura que es insuficiente porque no reconoce aportes. La PUAM no es contributiva, con lo cual una persona con 29 años de aportes tendrá el mismo beneficio que quien no hizo ninguna contribución al sistema previsional.
Finalmente, y al ser una opción que recién se habilita a los 65 años, retrasa cinco años la edad de retiro de las mujeres (60 años).
En respuesta a una consulta por este diario, en Anses aseguraron que los turnos que se saquen hasta el 23 de marzo guardan el derecho a la moratoria –aunque sean para luego de esa fecha–. Incluso, si al momento de intentar sacar un turno no hubiera, el sistema mismo deriva a una atención virtual donde el usuario se registrá y después Anses otorga un turno cuando haya, pero conservando el derecho para iniciar con moratoria.
Otro golpe para las mujeres
El impacto es doble para las mujeres: por el aumento de hecho de la edad jubilatoria y porque solo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años tiene más de 25 años de aporte, según el cuarto informe de “La cocina de los cuidados”, difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según una encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo realizada por el Indec en 2021 (último dato disponible) la mayor carga de trabajo doméstico no pago recae sobre las mujeres, 90% versus 68% por ciento de los hombres; lo que reduce la posibilidad de sumar años de aporte. Si bien Anses mantiene el programa de Reconocimiento Previsional del Cuidado que otorga un año de aporte por hijo o hija, “carece de sentido si no empalma con una moratoria. El faltante de años de aporte es muy superior a la cantidad de años a computar por hijo, es decir que la vigencia de esta política sola no permitirá jubilarse a nadie”, asegura el informe del CELS.
El verdadero impacto
“La política previsional representa una de las más relevantes políticas públicas de Argentina, tanto por los recursos que gestiona (alrededor del 10% del PIB) como por el número de ciudadanos impactados por el mismo”, asegura la Propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino que elaboraron Rofman y Manuel Mera para CIPPEC y da un primer acercamiento de la obsesión de los sucesivos gobiernos con los y las jubiladas.
La eliminación de la moratoria previsional no solo dejará a cientos de miles de personas sin acceso a una jubilación, sino que también se enmarca en un contexto de reformas económicas que podrían modificar profundamente el sistema previsional argentino.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI, un porcentaje significativo en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto refuerza la hipótesis de que su eliminación responde, en parte, a la necesidad de reducir el gasto público.
Además, con la firma del DNU 70/23, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades extraordinarias en materia previsional hasta diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad de profundizar esta reforma sin necesidad de aprobación legislativa.
Entre las medidas que podrían implementarse, el abogado previsional Facundo Fernández Pastor alerta sobre la posible reducción de la tasa de sustitución, la quita de regímenes especiales (uno de los más significativos son los beneficios jubilatorios docentes, que representan alrededor del 50%o del gasto total de estos regímenes de excepción); y finalmente volver a incorporar un sistema de capitalización.
La tasa de sustitución es el porcentaje del último salario que un trabajador percibe como jubilación. En Argentina, actualmente ronda el 60%, pero Fernández Pastor advierte que no es suficiente para implantar un sistema de capitalización, que sería el verdadero objetivo. “En Chile, la tasa de sustitución es del 18%, en Perú y Colombia del 20% y en México del 22%. Para avanzar en un modelo de capitalización como el que impulsó Macri en su gobierno, primero deben reducir la tasa de sustitución, que él ya había llevado al 40%”, explicó.
El futuro del sistema previsional queda así en una zona de incertidumbre. Con el fin de la moratoria, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres y el posible avance hacia una reducción de los haberes previsionales, Argentina podría estar transitando un cambio estructural que altere por completo la lógica de su sistema de seguridad social.
elDiarioAR