De acuerdo a lo que explicó Caputo, la medida consiste en una reforma que incluye la división del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante la cual el Estado cobraría una parte del tributo – de entre 9 y 10% – y el resto quedaría en manos de lo que defina cada distrito , generando así una “competencia fiscal”, que incluirá también lo que ocurra con Ingresos Brutos.
Provincias, en alerta ante el “súper IVA” impulsado por Nación
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en las provincias, que salieron al cruce denunciando un avance sobre las competencias de cada jurisdicción. Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, aliado de la Casa Rosada.
“El IVA es el impuesto coparticipable más importante de las provincias. Por lo tanto, si se intenta o se quiere tocar ese impuesto, evidentemente iría en perjuicio de cada una de las provincias. Para tomar una medida de ese tipo, primero, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, por las Cámaras de Diputados y de Senadores”, dijo el norteño.
Jaldo consideró que “el Poder Ejecutivo nacional no puede tomar una decisión unilateral con los recursos de las provincias argentinas, porque sería inconstitucional y cualquier planteo judicial le daría la razón a las provincias”.
En diálogo con Ámbito, el profesor titular de Impuestos de la UBA Mario Volman destacó la estructura republicana y federal de la Argentina: “Existen tres niveles de gobierno. Excepto que haya una reforma constitucional, eso no se puede cambiar. Al haber tres niveles de gobierno, existen tres administraciones financieras distintas: nacional, provincial y municipal”. Este esquema, aseguró, no se puede modificar, “excepto que las partes se pongan de acuerdo”.
“El hecho de que tengamos una estructura federal significa que existan tantos impuestos o tributos nacionales, provinciales y municipales que agobian a las empresas y contribuyentes”, amplió.
Al respecto, Volman consideró que si las provincias firman un acuerdo con la Nación por el cual la Nación hace que los contribuyentes facturen un único tributo, el IVA, y que el X% vaya a las provincias, “eso es imposible, pero tiene que haber un acuerdo entre Nación y las provincias”. “Las provincias tienen autonomía tributaria”, recordó.
En Mendoza, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, dio su visto bueno, pero remarcó que esperan una propuesta más elaborada. Mencionó, también, que están “absolutamente de acuerdo con la competencia”, aunque no están preparados para afrontarla con el esquema de coparticipación actual, “que inclina la cancha a favor de las otras provincias”.
“Hoy sería una competencia absolutamente desleal. Igualmente, todo intento de modificar el régimen actual de coparticipación, Mendoza está para apoyar. Somos la provincia que menos coparticipación per cápita recibe, junto con la provincia de Buenos Aires”, reflexionó.
Por el contrario, desde una jurisdicción patagónica manifestaron su oposición a la iniciativa. “En la actualidad, Nación se queda con el 45% aproximado del 21% del IVA. O sea, con la propuesta del ministro de Economía se aseguran no perder nada, porque plantea un 9%”.
Denunciaron, además, que el Gobierno “incumple con la Constitución”, al descentralizar funciones sin financiamiento, bajando programas nacionales, utilizando ATN, autorizaciones de endeudamiento y anticipos financieros para “provincias amigas”.
Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal y exministro de Economía de Río Negro Agustín Domingo explicó a este medio que la medida “conceptualmente no está mal”, pero advirtió que “el Diablo está en los detalles”.
El legislador evaluó que el concepto de correspondencia fiscal que plantea el Presidente está muy bien: “La coparticipación te evita la correspondencia fiscal: recauda Nación, las provincias y los municipios no asumen el costo político por la recaudación de ese impuesto y luego, vía coparticipación, llegan los recursos y los gastas”.
Domingo explicó que la iniciativa, en principio, plantea sacar al IVA de la coparticipación y establecer un mecanismo de distribución directo. “Sigue siendo una parte para Nación y otra para las provincias, pero cada provincia va a tener que generar los incentivos adecuados para que haya más consumo y más actividad en sus provincias y de esa manera se engrose la recaudación del IVA a partir de decisiones propias”, dijo.
Sobre este punto, afirmó que cada distrito tendrá que asumir el costo político con sus ciudadanos de esa alícuota suplementaria en el IVA, por encima de la que establezca Nación: “Ahí sí hay correspondencia fiscal. Yo fijo la alícuota para estas actividades y la recaudación de esa alícuota que fijé yo la uso para brindar los servicios públicos de mi provincia. Todo eso está bien”.
Sin embargo, marcó reparos hasta conocer la letra chica del asunto. “El Diablo está en los detalles. Hay que ver cómo se implementa: ¿lo va a seguir recaudando Nación y lo va a distribuir a las provincias bajo qué mecanismo? ¿A través de la Comisión arbitral, a través del Ministerio de Economía? ¿Quién va a supervisar eso? ¿Lo van a recaudar las provincias a través de sus organismos de recaudación provincial?”, concluyó.
Ámbito