El desfinanciamiento de la salud sexual, la falta de datos y las barreras provinciales ponen en riesgo la IVE-ILE y devuelven a las socorristas la centralidad que tenían previo a la ley. “Estamos desbordadas, se nos vino el sistema de salud encima”, denuncian. El caso de Vanesa y el vaciamiento del Plan ENIA.
El caso de Vanesa grafica con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte del país. Catamarqueña de 42 años, de bajos recursos y madre de seis hijos, hoy no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos. Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las socorristas de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.
Una ley con barreras crecientes
Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021.
Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.
“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS.
“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60 % de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.
Sin datos, sin política pública
A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos.
La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez toman más casos de personas que no pueden acceder a un aborto.
“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, socorrista de esa provincia.
Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Sin recursos, consiguió 26 mil pesos prestados para una ecografía. Con diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo.
Las barreras para acceder al aborto
Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado nacional dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas.
El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales y prepagas replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.
“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”.
La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”.
La IVE en las provincias
“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado nacional en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advirte De la Vega, del CELS, al remarcar que el lugar de residencia condiciona el acceso.
Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar provocan mayor desigualdad.
Vanesa al resguardo de las socorristas
Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.
“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, socorrista de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.
Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones socorristas están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.
“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén . “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.
Plan ENIA: el desmantelamiento de una política clave
El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar US$140 millones al año.
Actualmente, el Gobierno nacional despidió al 80% del personal y redujo en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.
“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten desde organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante.
“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, cierra De la Vega.
Al momento del cierre de esta nota, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las socorristas de Catamarca, que tenían preparada una denuncia para exigir en la Justicia por su salud. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.
elDiarioAR