A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares un panel de especialistas planteó la necesidad de seguir defendiéndola, frente a los intentos del Gobierno y de las empresas mineras de recortar el área de protección. Y destacaron su importancia a la hora de proteger el agua y los ecosistemas.
En semicírculo, se sentaron Agostina Rossi Serra –especialista en biodiversidad de GreenPeace–, Pía Marchegiani –directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)–, Enrique Viale –presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)– y Saúl Zeballos de la Asamblea Jáchal no se toca que en su regazo llevaba una bandera argentina.
“Cuando se planteó y cuando se propuso, no sabíamos que hoy –15 años después– este contexto de crisis climática iba a ser tan extremo. Es por eso que tenemos que defenderla, tenemos que protegerla… No tenemos que permitir que se flexibilice esa ley, como se está buscando, porque implicaría una regresión ambiental: se está hablando de dejar de proteger el ambiente periglacial, que es una reserva de agua dulce estratégica igual que los propios glaciares”, detalló Rossi Serra.
“Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos”, sintetizó Rossi Serra. “Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática”, subrayó.
Apertura democrática
En tanto, Viale destacó que 2010 “era un momento de ampliación democrática”, ya que la ley se sancionó en la misma época que el Matrimonio Igualitario y después de largas horas de debate en el Congreso y de meses de debate público. “Si se retrocede en una ley de estas características, es un golpe muy fuerte a la democracia. Además de ser inconstitucional porque es una regresión ambiental”, detalló el abogado.
Marchegiani describió el contexto como un “avance contra las instituciones democráticas, contra la agenda ambiental –en especial, la ley de biodiversidad y la ley de bosques, que son centrales en la Argentina… Siempre fueron resistidas en el momento de la sanción, pero también después con medidas cautelares en San Juan y Jujuy, cuando los sectores mineros dijeron ‘esta ley acá no se aplica’. Pero la protección estratégica del agua es para todo el país y para toda su economía, no para un sector económico”.
Justamente, los fundamentos del veto de 2008 fueron la presión de las provincias cordilleranas “a pedido de una multinacional muy poderosa a la cabeza: Barrick Gold”, recordó Viale. La Corte Suprema tuvo que ordenar que se aplique la ley, pero con el gobierno de Mauricio Macri y el de Javier Milei se “reedita la misma discusión, el mismo texto”, afirmó Marchegiani.
“Se reedita el mismo texto”
Según Viale, el texto de la ley Ómnibus que modificaba la Ley de Glaciares tenía “exactamente la misma letra” que el borrador filtrado del Ministerio de Ambiente de 2017 –a cargo de Sergio Bergman– “porque lo escriben los abogados de Barrick Gold”. Zeballos sumó que la modificación permitía 44 proyectos mineros porque proponía reducir la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limitar su definición a “recarga de cuenca hídrica”. En especial, desprotegía a los glaciares de menos de una hectárea, que son los más abundantes fuera de la Patagonia (por ejemplo, en los Andes desérticos).
“Los proyectos fueron limitados… Sin la protección legal, los hubieran destruido directamente. La ley es una herramienta concreta para la protección de glaciares. El ambiente periglaciar y el glaciar van juntos. Es una unidad ecosistémica, no hay una sin la otra y tienen que estar conectados”, completó Marchegiani. A su vez, Viale explicó: “Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley son nuestras cuencas y ríos. Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca”.
Cianuro y mercurio
“Cinco años después de la sanción, en uno de sus proyectos mineros hubo un derrame, como consecuencia de la no aplicación de la ley”, sostuvo Viale. Zeballos tomó la palabra para representar a su comunidad: “se cumplieron 10 años el derrame de cianuro y mercurio de Barrick Gold sobre la cuenta del río Jachal”. Todavía sigue contaminado, así que el pueblo sanjuanino recibe agua del acuífero Huachi, también conocido como Pampa del Chañar. Pero el sanjuanino advirtió que el proyecto “Esperanza”, de extracción de cobre y tierras raras, va a hacer distintas perforaciones de entre cinco mil y diez mil metros en el acuífero, “sobre las recargas de la última fuente de agua pura que le queda a Jáchal”.
También en San Juan, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció la semana pasada en la red social X el proyecto extractivista Los Azules. Basándose en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) –aprobado en la Ley Bases–, destruiría geoformas glaciares y periglaciares que miden menos de 1 hectárea y que, si bien siguen estando protegidas por la ley, no están inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Zeballos denunció irregularidades en la inclusión de glaciares pequeños que, sin estar en el inventario, quedan “totalmente desprotegidos ante el avance de la minería”, concluyó el sanjuanino.
Así, Viale reafirmó: “la seguridad jurídica no es sólo para las grandes corporaciones. Nosotros, las comunidades, también queremos seguridad jurídica, que se aplique la Ley de Glaciares”. Desde el panel advirtieron que frenarán los intentos de las mineras de flexibilizar y violar esta ley que no prohíbe la minería, sino que no permite que la desaarrollen donde nacen los ríos, el agua y la vida argentina.
Página/12