La gestión de Javier Milei busca reglamentar cambios en el sistema laboral que quedaron establecidos con la aprobación de la Ley de Bases, donde la indemnización tradicional ante un despido podría ser reemplazada por fondos de capitales acumulados a lo largo de la relación laboral que empezarán a cotizar en la Bolsa.
A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se estableció un proceso de consulta pública para normalizar los nuevos “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”: ciudadanos y actores del mercado manifestarán sus opiniones sobre la creación de un marco normativo específico, cuyo objetivo es implementar Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que puedan ser utilizados ante un despido, independientemente de la causa.
“Es la máxima flexibilidad laboral posible, porque el empleador puede despedir sin tener que pagar nada más que el aporte obligatorio que hace mensualmente. Y entonces, las relaciones laborales se convertirán en el reino de la arbitrariedad y la prepotencia patronal. No importa cuánto dinero se puede llevar el despedido, importa la situación en la que quedan los demás trabajadores ocupados, con semejante espada de Damocles sobre sus cabezas. ¿Quién se atreverá a reclamar por un derecho o a postularse para delegado, en este escenario?”, afirmó a Página 12 el abogado laboralista Luis Ramírez.
La convocatoria formalizada a través de la Resolución General 1066/2025 es requisito previo para la implementación del Sistema de Cese Laboral previsto en el Decreto N° 847/2024, que pretende dar por tierra las reglas que rigen el sistema de trabajo en el país a partir de los “PICs de Cese Laboral”.
“Están creando un negocio financiero a costa de poner en riesgo un derecho constitucional de los trabajadores, el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Con este sistema, los trabajadores no tienen ninguna garantía acerca de la cuantía de su indemnización por despido. Y para los empleadores, una vez internalizado su costo, el despido va a transformarse en un acto libre, sin consecuencias patrimoniales”, aseguró a Página 12 Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Los PICs podrán adoptar la forma de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), pero deberán incluir obligatoriamente la expresión “Cese Laboral” en su denominación.
Cada instrumento tendrá, a la vez, pautas específicas. Por ejemplo, en el caso de los FCI de Cese Laboral, un reglamento de gestión particular diferente al modelo general, que detalle el mecanismo de notificación del cese laboral y el destino de los fondos en diversos escenarios de desvinculación.
“Por ahora, todo está sujeto a lo que se discuta en la negociación colectiva, pero no habría que descartar que en el gobierno estén pensando en ir armando un sistema para que ya esté instalado frente a una nueva reforma laboral, que podrá venir por ley o DNU luego de las elecciones”, agregó Campos.
La suscripción de cuotapartes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores y se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30 por ciento del patrimonio neto del fondo. Además, no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.
Para los Fideicomisos Financieros de Cese Laboral, si bien no estarán obligados a presentar un prospecto para aprobación de la CNV, deberán publicar cierta documentación en la Autopista de la Información Financiera (AIF).
“El gobierno está poniendo la sanción por despido ante la ruptura de la relación laboral en el marco comercial. Según se establece, este sistema también podría utilizarse para otro tipo de prestaciones que se le deban al trabajador”, explicó a Página 12 Alberto Ramírez, abogado laboralista.
El contrato de fideicomiso deberá ser exhaustivo, incluyendo detalles sobre el procedimiento de pago al trabajador y el manejo de los fondos ante distintas causales de extinción laboral. Al igual que los FCI, no podrán invertir en instrumentos de los empleadores fideicomitentes.
“Plantea que sean habilitados por el sistema de convenciones colectivas de trabajo, donde se genera una clara desventaja entre el movimiento obrero y las cámaras patronales. Al suspenderse el derecho del trabajo -que equilibraba las inequidades- con estas nuevas normas la relación laboral queda en el marco del libre mercado. A partir de acá dependerá de la relación de fuerza de cada sindicato, habrá algunos que no dejarán pasar este tipo de herramientas y otros que terminarán cediendo”, explicó Alberto Ramírez.
La CNV informó que, en tanto autoridad de control y supervisión, garantizará que las entidades administradoras y fiduciarias mantengan políticas de inversión adecuadas.
Se determinó un plazo de quince días hábiles para que quienes quieran participar de la consulta pública puedan presentar sus opiniones y propuestas a través del sitio web oficial del organismo.
Según el Ejecutivo, la propuesta ofrece “una alternativa para la gestión de los recursos destinados a la protección del trabajador ante la finalización de su relación laboral”.
Página 12