En pie de guerra por lo que entienden un intento de la cúpula de la Justicia del Chaco de avanzar con un incremento salarial para jueces y magistrados que dejen afuera al resto de trabajadores, la Intergremial Judicial ratificó el estado de alerta y asamblea permanente y reclamó la intervención directa del gobernador Leandro Zdero, pese a que serán recibidos el próximo martes 13 por el ministro de Gobierno, Jorge Gómez.
“Estamos en una etapa de conflicto de derechos”, denunció la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh), Graciela Aranda, en una conferencia de prensa conjunta brindada este miércoles junto a sus pares de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco y de la Asociación Judicial del Chaco.
En ese sentido, aseguró que un Superior Tribunal de Justicia ad hoc, conformado por jueces y fiscales provinciales en funciones, son los que deben resolver la causa por la intangibilidad de los salarios de los magistrados siendo “juez y parte”. Es decir, son los que se verían favorecidos particularmente por sus propias decisiones. “Ellos han establecido justamente que se elabore un nuevo proyecto”, denunció Aranda, en referencia a un proyecto de ley que mejore exclusivamente sus salarios pero no los del resto de los trabajadores del Poder Judicial.
Audiencia con el ministro Gómez
“Pedimos audiencia a los tres poderes del Estado y ahora estamos convocados para el 13 de mayo, y por eso fue esta conferencia de prensa más que nada para que sepan que nosotros el 13 de mayo estamos convocados por el ministro de Gobierno, que realmente valoramos esta apertura de diálogo”, informó.
La secretaria general del SEJCh valoró la apertura al diálogo por parte del Poder Ejecutivo y adelantó que “hemos decidido realizar un compás de espera y entendiendo también que hay unas elecciones de por medio el día domingo 11 de mayo, la cual nosotros como judiciales no queremos entorpecer dicha elección. Por ese motivo hemos resuelto pasar a un cuarto intermedio a luego de esa reunión, en función de la apertura que ha demostrado el Poder Ejecutivo para con los gremios judiciales”.