El Gobierno de Santa Fe intervino la Policía de la ciudad de Rosario por la malversación de $45 millones en vales de nafta. Tras una amplia investigación se realizaron 38 allanamientos y por el hecho ilícito hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13 son policías.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos realizados en el marco de una investigación por malversación de caudales públicos en el área de combustible de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe.
Cococcioni anunció que la URII fue intervenida y el secretario de Seguridad Pública colocó en funciones al interventor Claudio Romano. La medida durará tres meses, con posibilidad de extensión.
El funcionario además señaló que se encomendó “una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Y, sin prejuzgar responsabilidades, el jefe de la Unidad Regional queda desplazado y es puesto a disposición del Jefe de Policía para que se evalúen sus funciones. Además, diferentes jefes y numerarios quedan a disponibilidad a partir del día de la fecha”.
El fiscal Merlo fue quien dio detalles respecto de la investigación, la cual inició hace casi un año: “Se realizaron 38 allanamientos y el objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero”.
“Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”, sumó.
Respecto al fiscal Caterina, agregó que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible”.
“Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos”, destacó.
Otro de los puntos que agregó es que la mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; aunque no están involucrados ni el jefe ni el subjefe.
“Se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”, concluyó.
NA