Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN).
La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024.
La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación.
Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.
Libertad a medias
El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción.
Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.
Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones.
Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.
Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.
Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.
En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.
Banco Nación S.A.
El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales.
Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.
En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.
Fintech versus todos
Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech.
Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras.
Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes.
“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco.
Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.
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