Trabajadores del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich), nucleados en ATE, sostienen medidas de fuerza ante la falta de respuestas a los reclamos por mejoras salariales. En una entrevista con CIUDAD TV, los delegados Carlos Migliore y Yanina Guillén expusieron la situación del sector y advirtieron sobre las consecuencias directas que esto tiene en la calidad del servicio.
“Estamos ya hace un tiempo solicitando una equiparación salarial, equiparar nuestros salarios que están por debajo de la línea de pobreza con otras jurisdicciones que tienen sueldo del doble y del triple para la misma función y mismo cargo”, explicó Migliore. “Ante la falta de respuestas y de incentivos que nos puedan llegar a dar por estas situaciones, llegamos a esta medida de paro”, agregó.
Según precisó, la problemática afecta tanto a trabajadores de planta como a contratados: “Tenemos contratados que son doctores, médicos, profesionales, psicólogos, que el sueldo máximo que están teniendo es de 500 mil pesos”. En este contexto, indicó que muchos profesionales renuncian después de capacitarse: “Debido a los bajos sueldos, una vez que el profesional aprueba el curso de la Agencia Nacional de Discapacidad, renuncia y la junta evaluadora se resiente en su capacidad de evaluar porque no se conforma el equipo básico”.
Migliore señaló además que el caso de Guillén representa el cuadro general: “Janina, que es la única doctora de planta que el Instituto tiene en todo el Chaco, tiene un sueldo de menos de la canasta básica, 800 mil pesos, y el 65% son puras bonificaciones”. También remarcó que “un director, con antigüedad, con título, con posgrado, está apenas por arriba de la línea de pobreza”.
Actualmente, el 55% del personal del Iprodich es de planta y el resto está bajo otras modalidades de contratación. “Tenemos 56 contratados de obra y tenemos 14 becados. Los becados están en menos de 90 mil pesos mensuales y son 14 en un instituto de 166 agentes”, detalló. Según Migliore, esta situación “resiente el servicio que le brindamos a las personas con discapacidad”, ejemplificando con la junta evaluadora de General San Martín, que “el primer trimestre estuvo parada por no lograr contar con el recurso humano”.
Esto obliga a que el personal del Instituto se traslade al interior: “Para cubrir esa demanda, el personal del Instituto tiene que salir a terreno, con el gasto de combustible, comisiones y viáticos, y día que sale de acá no se atiende en el Instituto. Es un círculo vicioso que nos preocupa y ocasiona que la calidad del servicio a las personas con discapacidad, que es un colectivo que requiere de atención personalizada, se resienta”.
Por su parte, Yanina Guillén, médica de la Junta Evaluadora con 15 años de antigüedad, reafirmó: “Nuestros sueldos no llegan a la canasta básica”. Explicó que el trabajo requiere formación constante: “La discapacidad es transversal, así que nosotros trabajamos junto con psicólogos, trabajadores sociales, y tenemos capacitaciones permanentes”. Sin embargo, la situación económica provoca una alta deserción: “Los profesionales que capacitamos y que comienzan a trabajar en el Instituto, a los dos o tres meses, renuncian porque consiguen otro trabajo con mejor paga”.
Guillén señaló que, a pesar del compromiso con el trabajo, el reconocimiento económico es indispensable: “Es un trabajo que lo hacemos con gusto, pero también nosotros necesitamos ese reconocimiento salarial para nuestras familias”. Afirmó que “el 90% o más del 95% de los trabajadores del Iprodich sí o sí requiere de otro trabajo para poder llegar a la canasta básica”.
A pesar del paro, mantienen servicios esenciales: “Estamos manteniendo las guardias mínimas, a pesar de que no somos una institución esencial, porque no somos asistencialistas; pero a todas las personas que requieran una respuesta urgente se les está otorgando”.