“Es un momento complicado”, reconoció Saloj, y advirtió que las condiciones actuales demandan un trabajo articulado entre Nación, provincias y municipios. Señaló que los desafíos que enfrenta el Consejo son significativos, pero que la motivación radica precisamente en la necesidad de revertir la situación. “Los correntinos estamos dispuestos a dar esta batalla”, afirmó.
La infraestructura deficiente, la ausencia de planificación nacional y la falta de coordinación entre jurisdicciones son algunas de las principales dificultades identificadas. En ese sentido, remarcó que si bien las provincias pueden intervenir en rutas nacionales dentro de su territorio, las competencias están claramente delimitadas, lo que limita las acciones concretas de los gobiernos provinciales.
Falta de planificación estratégica
Uno de los puntos más preocupantes señalados por el funcionario es la inexistencia de un plan estratégico nacional de seguridad vial. “No existía a nivel nacional un plan que enmarque políticas generales, como sí lo tenemos en Corrientes con el plan 2030”, detalló. Esta carencia implica que cada provincia actúa de forma aislada, sin lineamientos comunes ni objetivos compartidos.
Según Saloj, esta fragmentación repercute directamente en la eficacia de las políticas viales y dificulta la reducción de la siniestralidad. Ante esta realidad, planteó como una prioridad el desarrollo y la implementación de un plan nacional que establezca criterios unificados para la prevención de accidentes y la mejora de la seguridad en el tránsito.
El nuevo titular del Consejo ya mantuvo reuniones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y señaló que la elaboración del plan comenzará de inmediato. “Empezamos a establecer criterios de trabajo conjunto”, explicó, con el objetivo de avanzar hacia una planificación integral.
La siniestralidad como emergencia social
Argentina registra aproximadamente 5.000 muertes por año en siniestros viales, una cifra que Saloj calificó como alarmante. “Son adultos, niños, abuelos, padres, madres. Es un desastre social”, manifestó. El funcionario precisó que el 90% de los accidentes se produce por errores humanos, lo cual refuerza la necesidad de concientizar a la ciudadanía y modificar conductas al volante.
“La falla humana está en el centro del problema”, reiteró, y propuso fortalecer campañas de prevención y educación vial. A su entender, reducir esa proporción implica una baja drástica en la cantidad total de muertes. Señaló que la responsabilidad del conductor debe ser el eje de cualquier política eficaz, complementando las acciones del Estado con una participación activa de la sociedad civil.
La mejora en la seguridad vial, advirtió, no depende únicamente de controles sino también de un cambio cultural profundo. “No puede estar el Estado al lado de cada conductor. Necesitamos generar conciencia”, afirmó.
Alcohol y cambios culturales
Otro de los puntos abordados por Saloj fue el impacto de la tolerancia cero al alcohol al volante, una política vigente en varias provincias que, según dijo, está dando resultados positivos. “La gente está tomando conciencia de que si ingiere alcohol no debe conducir”, indicó. No obstante, subrayó que esta evolución también se debe a la presencia sostenida de controles y al rol activo del Estado en su aplicación.
El funcionario consideró que la educación y la sanción deben complementarse, pero insistió en que el cambio de hábitos es esencial. “Esto es un proceso que demanda tiempo, pero cuanto más rápido lo hagamos, menos fallecidos vamos a tener”, sintetizó.
En su análisis, el problema excede al alcohol y se extiende a una serie de conductas de riesgo que incluyen el exceso de velocidad, el uso del celular al volante y el incumplimiento de las normas básicas de tránsito. Frente a este panorama, abogó por políticas públicas que promuevan una nueva cultura vial.
Restricciones al transporte de cargas en feriados
Saloj también se refirió a una medida discutida en gestiones anteriores: la restricción del tránsito de camiones de gran porte durante fines de semana largos. Explicó que esta decisión, que en su momento redujo la siniestralidad, fue descartada por el gobierno nacional bajo el argumento de que atenta contra la propiedad privada. Sin embargo, el nuevo presidente del Consejo consideró que el tema debe ser reconsiderado.
“Totalmente que se puede discutir”, sostuvo, y adelantó que se promoverá el debate parlamentario para reformar la legislación vigente y reintroducir restricciones en fechas clave. Argumentó que estas limitaciones no sólo permiten un tránsito más fluido, sino que además previenen siniestros en rutas saturadas.
En particular, mencionó el caso de la autovía 12 durante Semana Santa, donde la circulación simultánea de vehículos particulares y camiones generó riesgos significativos. Consideró que la implementación de medidas preventivas puede marcar la diferencia y salvar vidas.
Momarandu