Los tres gremios que nuclean al personal judicial del Chaco iniciaron este lunes una medida de acción directa con retiro a los lugares de trabajo y concentración en las torres judiciales de avenida Sarmiento y Laprida. La protesta, que contó con el acompañamiento del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, fue en rechazo a una nueva sentencia dictada por el tribunal ad hoc sobre una causa que ya tenía resolución firme desde el año 2020.
El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, Walter Bernard, de visita en los estudios de CIUDAD TV, sostuvo que el fallo reabre una disputa cerrada por la Corte y cuestionó la validez del accionar del tribunal: “Ese tribunal ad hoc tendría que haber terminado sus funciones cuando dictó la sentencia, en el año 2020”.
Bernard señaló que esta nueva resolución fue impulsada por la parte demandante, encabezada por el doctor Diego Derewicki, expresidente de la Asociación de Magistrados, y sostuvo que el tribunal ad hoc “ordenó al Poder Ejecutivo suspender o modificar nuestra ley de porcentualidad en base a conceptos como, por ejemplo, intangibilidad”.
El gremialista recordó que esa ley establece un esquema salarial proporcional: “De 100 que cobra el juez del Superior Tribunal, 20 cobra el escribiente”. Agregó que “estamos haciendo prácticamente todo el trabajo en los tribunales de primera instancia”, en referencia a la carga laboral del personal judicial.
Bernard denunció que la nueva sentencia promueve una “mesa paralela” al proceso de revisión oficial, desconociendo a la mesa técnica vigente: “Le intiman al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a que vaya a negociar con los litigantes en una mesa paralela”, dijo, y detalló que en la mesa formal participan el Superior Tribunal de Justicia, asociaciones de magistrados, justicia de paz, gremios y representantes del Ejecutivo.
“El Superior Tribunal de Justicia está totalmente en silencio. Es más, creo que han dictado una sentencia en este sentido”, advirtió Bernard, al tiempo que sostuvo que “han invadido nuestra propiedad, porque el sueldo es un derecho de propiedad”.
En este contexto, Bernard anunció que enviarán una nota al Poder Ejecutivo para exigir la convocatoria a la mesa técnica prevista por ley y advirtió: “Vamos a ver si esta pseudo sentencia y todo este embrollo que armaron en este circo judicial convoca o no a la mesa técnica. A partir de allí vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar”.
Finalmente, pidió a la Cámara de Diputados la conformación de una comisión investigadora para analizar el accionar de los jueces Bogado, Cáceres y Farías, integrantes del tribunal ad hoc: “Debería determinar cómo van a proceder, si con juicio político… porque también son jueces de primera instancia y fiscales de cámara”.